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En el 2025, las instituciones de Gobierno solo podrán gastar en la compra de bienes y servicios un monto equivalente al 67,7% de lo que ejecutaron en el 2020.

Marta Acosta les advirtió a diputadas del PAC que el gasto social es incierto por “no tomar decisiones antes” y que “va a llegar un momento en que, como país, vamos a tener que empezar a escoger qué se financia y qué no se financia”.

La Contraloría General de la República avaló el cumplimiento de la regla fiscal que realizó el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuesto del 2020, la cual se logró con una reclasificación de gastos. Así lo hizo en su informe técnico, publicado el martes 1° de octubre.