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Mónica Araya dio justificaciones para ejecutar medida; director jurídico admite que no le consta que sean veraces

La diligencia para registrar las portátiles de los directivos tuvo un costo de $2.900 y se ordenó debido a la sospecha de que alguno hubiera filtrado a la prensa el acta donde se aprobó un aumento salarial retroactivo a más de 2.000 funcionarios