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Hay desasosiego e incertidumbre en los círculos financieros y empresariales del país por la aplicación del mecanismo legal conocido como administración por intervención judicial. Los banqueros, privados o estatales, y, en general, los acreedores se sienten inseguros. Los informados de estas acciones in extremis rechazan este privilegio, en vista de la magnanimidad, automaticidad y unilateralidad del mecanismo, al cual han acudido en los últimos meses varias empresas, asociaciones y hasta particulares.