Etiquetas

En 2018 multitudinarias protestas callejeras contra el gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reprimidas por las fuerzas estatales, con un saldo de 355 muertos y miles de exiliados

Organizaciones de familias opositoras acusan al gobierno de Daniel Ortega de tener en condiciones carcelarias precarias a las personas privadas de libertad.

Las relaciones entre el clero y el gobierno son tensas desde entonces. En marzo, el representante del Vaticano, el polaco Waldemar Sommertag, fue expulsado del país, una decisión que la Santa Sede consideró ‘incomprensible’.

Rolando Álvarez, quien es encargado del área de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se declaró en ayuno indefinido en protesta contra el asedio policial.

El encuentro regional será en junio y Estados Unidos había señalado que los invitados deben respetar la Carta Democrática Interamericana del 2001.

Familiares del exguerrillero, quien recibió una condena de 13 años de prisión, solicitaron en reiteradas ocasiones el cambio de medidas carcelarias por su condición de salud.

Delegación nacional votó a favor de la condena al régimen de Ortega, pero no hizo uso de la palabra. Esta tarde, la Cancillería emitió un pronunciamiento.

El gobierno nicaragüense cerró el 24 de abril las oficinas de la OEA en Managua y adelantó la retirada de sus representantes ante el bloque regional.

Ortega los acusó de conspirar contra su gobierno con ayuda de Washington y en un momento deslizó la posibilidad de expulsarlos del país.

Más de 170 críticos de Ortega están presos actualmente en Nicaragua en el contexto de la crisis política que vive el país desde las protestas antigubernamentales de 2018, según organismos de derechos humanos y familiares