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Si se realiza una emisión de oferta pública, vinculada directamente con proyectos ambientales, sociales o educativos, de acuerdo con el texto de la norma, sería posible que el emisor utilice el crédito fiscal a su favor.

Este préstamo se aprobó a un plazo de 20 años, con cinco años de gracia y con una tasa ligada a la Libor, según el informe del BID. Ahora debe ser tramitado en la Asamblea Legislativa costarricense.