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El Ministerio Público confirmó este viernes que tramita una investigación por posible tráfico de influencias en contra del regulador general de los servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez.

Roberto Jiménez Gómez, regulador general de servicios públicos, defiende variar una metodología tarifaria para reconocerles a autobuseros alzas de pasajes sin percibir en años anteriores por incumplir requisitos legales. Justo eso que prohíbe expresamente la ley de Aresep.