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Los datos aportados por los postulantes debían contrastarse con la información disponible en las bases del Estado, para determinar si la persona cumplía con los requisitos establecidos para recibir el bono. (Rafael Pacheco Granados)
El Ministerio de Trabajo dará plazos de entre seis y 18 meses para recuperar los bonos Proteger que entregó a personas que no cumplían los requisitos para ser beneficiarios.
Así consta en el decreto “Procedimiento especial de recuperación de sumas del bono Proteger”, publicado este jueves 26 de agosto en el diario oficial La Gaceta.
“El presente reglamento establece el procedimiento especial a seguir para determinar la obligación y realizar el cobro en instancia administrativa, de las acreditaciones del bono Proteger otorgadas a personas con algún incumplimiento de requisitos o causal de exclusión”, dice el documento.
La cartera confirmó que solo 257 personas han hecho devoluciones hasta la fecha, por un monto total de ¢32,6 millones.
Aún faltan los reembolsos de 4.600 personas que recibieron un integro extra por error y 3.947 que fueron catalogadas como “filtraciones”. Estas últimas representan un monto de ¢470 millones.
Para recuperar las sumas, el Ministerio elaboró un sistema de arreglo de pagos según la cantidad de dinero depositada, el cual funcionará de la siguiente manera:
- Seis meses para sumas iguales o menores a ¢125.000.
- 12 meses para montos de ¢125.000 y hasta ¢250.000.
- 18 meses para montos de ¢250.000 o más.
Trabajo señaló que los cobros se calcularon con base en informes de investigación preliminar, procesos de auditoría interna e información “de la verificación ex post realizada por la DNE de los beneficios otorgados”.
Para llevar a cabo el proceso se conformará un órgano director que decidirá los casos que requieran reintegros y un órgano decisor que revise las causas para emitir el acto final del procedimiento.
En cada caso, se valorarán distintos parámetros de las personas que recibieron los bonos, como su condición socioeconómica, tenencia de bienes muebles/inmuebles y salario reportado en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
También se revisará si la suma adeudada es por un monto más bajo del que se tenga estimado para el procedimiento que implique el cobro.
Las personas que se acojan a estos arreglos de pago deberán realizar un primer depósito que corresponderá a la primera cuota y, si no cumplen con los plazos, enfrentarán trámites de cobro judicial.
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Vía judicial
A inicios de este año, el Ministerio Público abrió una investigación por supuestas entregas irregulares de bonos Proteger a personas que no calificaban para recibirlo o que no lo necesitaban.
No obstante, el Ministerio de Trabajo confirmó a La Nación que actualmente solo hay tres casos en esa vía.
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El artículo 318 del Código Penal establece penas de entre tres meses y dos años de prisión a quien falte a la verdad en declaraciones juradas.
La investigación en la Fiscalía se inició luego de que la Contraloría General de la República (CGR) publicara un informe que señaló presuntos errores en la entrega de ¢7.500 millones.
Sin embargo, la contralora general Marta Acosta ratificó posteriormente que se trataría de entre ¢11.000 millones y ¢15.000 millones de posibles filtraciones y montos que se pagaron más allá de lo que correspondía.
La jerarca indicó que su cartera hizo un análisis bajo criterios técnicos internacionales y que los ministros a cargo del programa social no objetaron los resultados previo a ser divulgados.
Actualmente, el Ministerio de Trabajo prepara un nuevo informe en el que expondrá los hallazgos que logró analizar luego de un año de que finalizara la entrega de los bonos.
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Pagos irregulares
Trabajadores públicos, pensionados, privados de libertad y beneficiarios de otros programas sociales figuran entre las personas que se encuentran bajo investigación.
Se trataría de individuos que entregaron información falsa bajo fe de juramento, para recibir un bono de ¢125.000 o ¢62.500 mensuales por un trimestre.
Entre los investigados también habría beneficiarios que necesitaban el bono cuando lo pidieron, pero que luego mejoraron su situación económica y no lo reportaron a la plataforma.
De acuerdo con Trabajo, las solicitudes de los bonos se cruzaban con cinco bases de datos: Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Hacienda, Migración y Extranjería, el Sistema Centralizado de Recaudación y el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
El bono Proteger fue creado por el Gobierno para atender las necesidades de los asalariados afectados por distintas medidas laborales y trabajadores informales e independientes con ingresos reducidos.
Se repartieron un total de ¢257.000 millones en subsidios a 724.500 beneficiarios.
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