El consenso no acompaña al proyecto de ley para instaurar en el sector público el pago del sueldo único o global, en lugar del salario base más incentivos.
Una propuesta en ese sentido apenas está en etapa preliminar de consultas y la tramita una subcomisión del panel de Asuntos Hacendarios del Congreso.
Su proponente, el diputado libertario Otto Guevara, argumenta que el plan sustituiría 14 regímenes salariales del sector público, por uno solo de pago único por categoría salarial, ordenando la planilla del Estado.
La Nación publicó recientemente que este esquema deriva en millonarios ahorros en entidades descentralizadas que la usan desde hace unos 14 años.
En el caso de la Contraloría General de la República, que aplica el salario único desde el 2008, se estima que este año el ahorro será de ¢1.400 millones.
Guevara pidió a Liberación Nacional (PLN) y a la Unidad Social Cristiana (PUSC) respaldar su iniciativa.
“Esos partidos son los culpables del desorden salarial del Estado”, aseguró.
Pese al ahorro, el Gobierno descartó impulsar cualquier plan de salario único, aunque la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, dijo que la Administración tampoco se cerraría a discutir una propuesta de ese tipo generada por la oposición.
Límite. Empero, la alternativa para controlar las remuneraciones que toma la delantera, por ahora, es una de la diputada liberacionista Sandra Piszk.
Según ella, el Gobierno estaría anuente a adoptar su texto como base del debate.
Su plan propone que el porcentaje que se paga por incentivos, como las anualidades, sea el mismo para todo el sector público, así, homologa la cesantía a ocho años, excepto para los trabajadores que tienen más tiempo de laborar para el Gobierno.
Además, establece una comisión técnica que definiría el porcentaje de la anualidad y revisará los contratos de dedicación exclusiva y de disponibilidad.
Marco Redondo, jefe de fracción de Acción Ciudadana (PAC), no descartó que alguno de esos proyectos sea convocado para su debate en las sesiones extraordinarias que empezarán el 1.° de diciembre, periodo en el que el Poder Ejecutivo controla la agenda de la Asamblea Legislativa.
El congresista tampoco descartó que el Gobierno presente un tercer plan, que se enfoque en hacer más rigurosa la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, con el objetivo de eliminar el carácter automático del pago de anualidades.
Redondo dijo que la Administración no ve este tema salarial como la opción más importante para reducir el déficit fiscal.
La brecha entre ingresos y gastos del Gobierno Central cerró en el 2014 en 5,7% del producto interno bruto (PIB) y para el 2016 las remuneraciones acapararían el 49,1% del presupuesto.