La policía judicial se presentó a las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) esta mañana en busca de documentos sobre las contrataciones con la empresa china Huawei. La acción se desarrolló con discreción y previa coordinación, dijo el ICE al ser consultado.

La información recolectada se utilizará en una causa judicial iniciada tras la interposición de una denuncia por el mismo instituto, la auditoría Interna y organizaciones laborales, dijo la entidad. “No nos podemos referir más al tema por encontrarse en investigación”, añadió.

Desde noviembre del 2019, la Fiscalía indaga si el ICE atentó contra la Hacienda Pública en la negociación de una multa por $6,7 millones aplicada a Huawei por el incumplimiento parcial de un millonario contrato de telefonía celular.

El caso, denunciado el 19 de noviembre del 2019, está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción bajo los expedientes 19-000294-1218-PE y 19-000295-1218-PE. Ambas causas son contra ignorado, es decir, no se ha individualizado a los imputados.

Un funcionario atenta contra la Hacienda Pública cuando interviene para influir, dirigir o condicionar, en cualquier forma, para producir un resultado lesivo a los intereses patrimoniales del Estado o al interés público, según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley Nº 8422).

Antecedentes

En julio del año pasado, la Auditoría Interna concluyó que el Instituto ignoró reglas de eficiencia, transparencia y legalidad al entregarle a Huawei la ampliación de su red de Internet fijo, al margen de opciones más baratas.

Según el documento, el Instituto renunció a hacer un concurso formal para incluir a otras oferentes, con lo cual incumplió normas internas, reglas de planificación financiera y generó inseguridad jurídica.

El caso se remonta al 2009 cuando el área de Telecomunicaciones adjudicó a Huawei un proyecto por $235 millones. Era un arrendamiento por cinco años de un sistema para ofrecer telefonía móvil desde la red 3G.

Siete años después, el Instituto le abrió a Huawei un procedimiento para multarlo por $6,7 millones por incumplimientos entre el 2011 y el 2014, como quedó consignado en el oficio 5225-1031-2016 del 22 de noviembre del 2016.

Huawei aceptó la multa, pero no la pagó. En su lugar, propuso al ICE saldar la deuda con bienes o servicios. El ICE aceptó, con el aval de Jaime Palermo Quesada, entonces gerente corporativo de Telecomunicaciones. Él dejó el ICE el 26 de noviembre del 2019 en el marco de un proceso de movilidad voluntaria. Habían pasado solo seis días de presentadas las dos denuncias ante el Ministerio Público.

El aval de Palermo a la oferta de Huawei quedó consignado en el oficio 6000-1513-2017 del 9 de noviembre del 2017. Huawei convenció al ICE de recibirle equipos para Internet fija valorados por peritos del Instituto en $5,2 millones, además de servicios por la suma $1,5 millones.

Además de aceptar el arreglo, el ICE abrió las puertas a Huawei para incursionar en su red de transporte de Internet fijo.

Por otra parte, la Fiscalía también indaga si la decisión del ICE de comprar la empresa Cable Visión pudo haber derivado en delitos de malversación de fondos públicos e influencia en contra de la Hacienda Pública. Se trata de los expedientes 18-000122-1218-PE de setiembre del 2018 y el 18-000167-1218-PE de noviembre de ese año..