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La pesca de arrastre, promovida en el estudio por Incopesca, ha generado críticas de sectores ambientalistas por el daño indirecto a otras especies marinas. Fotografía: Cortesía de MarViva.
La Fundación MarViva acusó este miércoles 7 de febrero al gobierno de ejercer represalias por las acciones legales que condujeron a la paralización de un polémico estudio sobre pesca de arrastre promovido por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
En específico, la organización atribuyó a las autoridades la realización de gestiones para excluirla de un proyecto de conservación costeado por donantes internacionales; incluidos dos ministerios del Gobierno alemán.
Consultado este miércoles, Heiner Méndez Barrientos, ministro de Pesca y Acuicultura, confirmó tener una incomodidad con MarViva, tanto por el tema de pesca de arrastre como por una presunta falta de coordinación con Incopesca.
Según Méndez, el Instituto no ha sido directo en pedir tal exclusión, pero adujo desconocer el trasfondo del asunto.
Al ser consultado de nuevo sobre si ejerció represalias por el tema de pesca de arrastre, el jerarca de Incopesca respondió: “Tengo interés en conversar pero dentro de un ámbito de respeto mutuo. No se vale golpear la mesa y esperar que la contraparte no reaccione” y agregó “es evidente que no estamos en la mejor relación pero tenemos disposición al diálogo”.
Katherine Arroyo Arce, directora ejecutiva de MarViva, denunció que Incopesca y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) habrían gestionado excluir a la Fundación de su papel como implementador técnico del proyecto de acción climática Transforma-Innova.
La Nación envió consultas al jerarca del Minae, Franz Tattenbach Capra, para saber si existió gestión alguna del ministerio, sea de manera directa o indirecta, cuya intención haya sido dejar fuera a la Fundación del proyecto.
El ministro rechazó persecución alguna pero sí mencionó que MarViva interpuso un recurso de amparo ante la Sala IV aún sin resolverse. Según él, resultaría “muy complicado trabajar en conjunto” sin primero resolverse ese conflicto.
“En verdad, esperamos que una vez extinguida la acción legal, podamos continuar uniendo esfuerzos y estableciendo criterios consensuados en la defensa del medio ambiente costarricense en sus múltiples desafíos”, declaró.
El proyecto del cual MarViva habría sido excluida persigue transformar sistemas agrícolas y pesqueros en modelos de producción bajos en carbono, a la vez que busca un manejo efectivo de los recursos marino-costeros.
Lo financia, entre otras partes, el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima (BMWK) y el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección de los Consumidores (BMUV) del Gobierno alemán.
En Costa Rica, su coordinación ha estado a cargo de la Agencia de cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
Este diario también consultó la mañana de este miércoles a GIZ para conocer si ha recibido comunicaciones o acercamientos de algún tipo desde el Gobierno solicitándole la exclusión de MarViva.
”Tratándose de un proyecto bilateral entre ambos gobiernos, la consulta se debe dirigir a la embajada de Alemania”, fue la única respuesta que emitió Alberto Vega, director de Transforma-Innova de GIZ.
Según Arroyo Arce, la coordinación de Transforma-Innova comunicó a MarViva el requerimiento del actual gobierno de excluir a la Fundación del equipo implementador.
De acuerdo con su versión, MarViva aceptó dar plazo a finales de enero a las autoridades para que les comunicaran por escrito su posición oficial sobre si seguían o no en el proyecto, pues había transcurrido un año sin que se supiera qué iba a pasar.
“El pasado 1.º de febrero y ante la reiterada ausencia de posición escrita oficial sobre nuestra participación, aceptamos ante la coordinación de Transforma-Innova que la postura gubernamental sigue siendo excluir a MarViva como implementador del componente de planificación espacial marina”, declaró Arroyo Arce.
El 13 de noviembre, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió una medida cautelar solicitada por MarViva que suspendió el estudio sobre pesca de arrastre que lanzó el Gobierno. El caso se tramita como parte del expediente 23-002732-1027-CA-4.
La decisión es parte de un proceso impulsado por la Fundación para frenar del todo un plan sobre pesca de camarón que intentaba reactivar este estilo de captura en mares costarricenses, el cual fue vetado en el 2020 por la administración anterior, debido al daño que ocasiona a otras especies.
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