Red de Servicios del INS omitió cobro de citas médicas por ¢3.000 millones

El hecho trascendió por una denuncia presentada ante la Auditoría Interna de esa entidad por un grupo de funcionarios. Durante la investigación que abrió la Auditoría, Kenneth Rojas Calderón, director general de Servicios de Salud, admitió que desde mayo el Comité de Apoyo, órgano en el que participa el gerente general de la Red de Servicios, Luis Antonio Monge, fue informado de la omisión de cobro por unos ¢3.000 millones.

La denuncia de los funcionarios ingresó el 17 de noviembre y se sustenta en cálculos basados en datos oficiales extraídos entre abril y junio de 2023 a través de procedimientos formales, según lo comprueban correos electrónicos anexados por los denunciantes.

Los cobros no concretados se relacionan con atención a pacientes cubiertos por el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) y Seguro de Riesgos del Trabajo, los cuales acudieron a citas de valoración sin que la entidad recaudara los dineros por esos servicios.

A pesar de la ausencia de cobros, el auditor interno de la Red de Servicios de Salud del INS, Arturo Brenes, decidió archivar la denuncia, el 8 de diciembre. Su fundamento fue que ya la Administración “se encuentra realizando las gestiones correspondientes para subsanar las debilidades identificadas”.

Pese a los hechos y montos denunciados, la Auditoría Interna no instruyó la apertura de procedimientos administrativos para determinar responsabilidades ni recomendó correcciones en específico.

Entre la recepción de la denuncia y la resolución de Brenes de archivar la denuncia pasaron 14 días hábiles. La determinación de la Auditoría Interna consta en el oficio 002-2023.

‘Afecta cálculo de tarifas de las pólizas’

El no cobro de esos procedimientos, según la denuncia, tiene “un impacto de alta cuantía en las finanzas de la red de Servicios de Salud” y afecta el cálculo de tarifas de las pólizas que pagan los usuarios cada año por el Seguro Obligatorio Automotor y Seguro de Riesgos del Trabajo, los cuales atienden a personas que sufren accidentes de tránsito y en sus funciones laborales, respectivamente.

“(...) Causa distorsiones en los cálculos financieros y actuariales que respaldan las primas y, lo más importante, en los resultados anuales de los estados financieros”, subraya la queja planteada.

La razón por la que no se cobraron miles de citas, afirma la denuncia, es porque la institución, una vez concretadas estas atenciones, las dejó en “estado reservado”, lo que “imposibilitó a nivel de sistema que estos puedan ser facturados y cobrados”.

Luis Antonio Monge, gerente general de la Red de Servicios de Salud del INS, declaró en una entrevista con La Nación, que no conoce la denuncia ni la forma en que se determinó el monto de ¢2.937 millones no cobrados.

Explicó que las citas de valoración, por defectos de “parametrización en los sistemas”, no se registraban en los centros médicos de la entidad, pues no tienen una tarifa asignada y aprobada por la Junta Directiva de la Red de Servicios de Salud de la institución. Por lo tanto, no se facturaban y, por ende, no se cobraban.

La única cita de valoración inicial que tiene una tarifa definida dentro de la Red de Servicios de Salud es la que se ofrece en el Hospital del Trauma, ubicado en la Uruca, San José, con un valor de ¢9.100, aproximadamente.

Agregó que, desde noviembre anterior, el problema en el sistema informático relacionado con las citas de valoración se corrigió y ahora trabajan en definir un monto con el fin de someterlo a aprobación de la Junta Directiva.

El gerente aseguró que, a nivel institucional, menos del 4% de los procedimientos brindados no disponen de una tarifa, característica que impide facturarlos y cobrarlos. Sin embargo, según él, ese porcentaje está acorde con las mejores prácticas internacionales.

Advertencia previa

Las “debilidades”, apunta la denuncia, surgieron por instrucción de la Dirección de Administración y Finanzas debido a que, desde 2022, se detectaron deficiencias “en registros y parametrización de datos” que generaban “enormes desviaciones entre las cifras proyectadas versus lo realmente recaudado” por la entidad.

Las faltas fueron identificadas por Eduardo Castro Morera, excoordinador de Costos Médicos y Facturación, quien forma parte de un grupo de empleados despedidos con responsabilidad patronal por “falta de confianza”. El cese de esos funcionarios ocurrió luego de que alertaran sobre el uso de 87 plazas que carecían de contenido presupuestario.

El gerente reconoció que, en junio del presente año, varios funcionarios le mostraron datos relacionados con omisiones de cobro, pero por un monto mucho menor al indicado en la denuncia y que incluía solo a los centros médicos de Heredia y Alajuela. Para respaldar esa versión mostró un correo electrónico.

Solo en Heredia y Alajuela se contabilizaron omisiones de cobro por ¢219 millones y ¢250 millones, respectivamente. En cada uno de esos centros médicos no fueron canceladas entre 12.268 y 14.195 citas, respectivamente.

Incluso, la resolución emitida por la Auditoría Interna el 8 de diciembre da cuenta de las miles de citas sin cobrar en Heredia y Alajuela. Además, indican que a través un correo electrónico, remitido el 7 de diciembre, la Dirección de Administración y Finanzas reconoció que desarrollan “nuevos procedimientos” para la “facturación de procedimientos no registrados”.

En la resolución de la Auditoría Interna, se consigna que Kenneth Rojas Calderón, director general de Servicios de Salud, declaró: “Fuimos enterados del problema en la sesión del 22 de mayo en el Comité de Apoyo al CAC, pero, no recuerdo que hayan sido 27.100 consultas no cobradas, pero, Juan Pablo mencionó el dato de que se podría estar dejando de cobrar ¢3.000 millones. A su vez, aclaro que era un tema que todavía estaba en investigación y que era un proceso más de corte financiero y que no estaba claro quién tenía la gobernanza de la parametrización del SIMA (Sistema de Información Médico Administrativo), porque se sospechaba que este era el origen del problema”.

Otros cuestionamientos

En la actualidad, la Red de Servicios de Salud del INS enfrenta una investigación judicial por el uso de 87 plazas sin contenido presupuestario.

La acción que ahora es objeto de pesquisas en vía penal, había obligado a la Contraloría General de la República (CGR) a improbar un presupuesto extraordinario por ¢1.179 millones a esa entidad.

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR argumentó que la Red de Servicios del INS intentó incorporar, en el presupuesto extraordinario, recursos para cubrir gastos que ya habían “sido ejecutados”.

Se trata de personal administrativo, auxiliares de cocina, enfermeros, farmacéuticos, nutricionistas, médicos y técnicos en servicios de salud, entre otros, para abrir un tercer turno de la Unidad de Valoración Inicial del Hospital del Trauma, reforzar otros centros médicos y fortalecer dos salas de cirugía menor.