EscucharSi el Estado pagara, al menos, las obligaciones anuales que tiene como patrono a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y también realizara las transferencias a las que lo obliga la ley, se aliviaría la presión financiera que carga la institución, aseguraron ante los diputados tres directivos actualmente suspendidos.
José Luis Loría Chaves, Carlos Salazar Vargas y Marta Rodríguez González fueron convocados este martes a comparecer ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, en la Asamblea Legislativa, como parte de la investigación que se sigue sobre el estado financiero y actuarial de la CCSS (expediente 23.644).
La investigación legislativa pretende dilucidar la condición financiera real de los seguros de Salud y Maternidad (SEM) y de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) pues tanto el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, como la actual jerarca de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, han manifestado, en diferentes momentos, que la institución está quebrada y hay que asegurar su sostenibilidad financiera.
La suspensión del portafolio de inversiones en infraestructura y equipamiento, acordada el 9 de marzo por la nueva Junta Directiva, buscaría cumplir con este último propósito.
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Comparecencia de directivos de CCSS suspendidos ante comisión legislativa de ingreso y gasto. En orden usual, José Loría, Carlos Carlos Salazar y Marta Rodríguez. (Captura de pantalla )
Como parte de este proceso de investigación, el 14 de marzo, los diputados de esa comisión legislativa escucharon al expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves, quien fue destituido de su cargo por el presidente Chaves el 17 de setiembre.
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José Luis Loría Chaves, quien representó a las cooperativas en la Junta Directiva de la CCSS hasta su suspensión, en diciembre, afirmó ante los legisladores que no se trata de nuevos impuestos.
“No planteo nuevos impuestos. Hay transferencias que el gobierno tiene que hacer. Son dineros que le corresponden a la CCSS. Tampoco hablo de la deuda histórica. Con solo que el Gobierno le pague lo que le corresponde cada año, eso ayudaría mucho a la Caja”, recalcó Loría al cierre de la sesión.
El exdirectivo aseguró que la deuda histórica del Estado asciende a ¢2,8 billones. Eso, dijo, afecta programas como el de la mujer embarazada en condición de pobreza, el aseguramiento para población sin recursos y la atención a niños y adolescentes.
“Si el Gobierno pagara su deuda no tendríamos que preocuparnos por una situación caótica a futuro”, recalcó.
Por su parte, Marta Rodríguez, quien representó a los sindicatos en la Junta antes de su suspensión, considera que el haber planteado en varias sesiones el tema del pago de la deuda estatal está entre las razones que derivaron en su salida forzada de la Junta.
La diputada oficialista, Pilar Cisneros, preguntó a los exdirectores sobre la fuente de los recursos para pagar esa deuda, y cuestionó que vinieran, a su criterio, de nuevos impuestos a los costarricenses.
Loría la rebatió: “(El Gobierno) le debería pagar puntualmente a la Caja. Está obligado a presupuestar las partidas que le corresponden por ley, y no lo está haciendo. Siempre la Directiva ha peleado que el Gobierno −no este, todos− le pague. Don Álvaro Ramos estaba proponiendo una deuda negociada”.
Informes actuariales cuestionados
En la sesión que se inició minutos después del plenario, José Luis Loría y Marta Rodríguez expresaron su preocupación por la calidad de los estudios actuariales.
Loría denunció que un informe sobre el portafolio de inversiones de la CCSS cambió dos veces en una misma semana.
“La Junta Directiva conoce en marzo el portafolio de inversiones. El 1.° de marzo un informe dice que es posible y otro del 9 de marzo dice que no. Cambiarlo dos veces es un tema de presunta falsedad ideológica. Son números a largo plazo que cambian en una semana”, dijo Loría.
El exdirectivo afirma que el documento fue ajustado a los intereses de las actuales autoridades de la CCSS, y demandó investigar el asunto.
Los diputados de la comisión también les solicitaron referirse al aumento salarial retroactivo aprobado para los 63.000 trabajadores de la institución, y que fue una de las causas esbozadas desde el Poder Ejecutivo para suspender a cinco directivos y destituir a Álvaro Ramos.
Tanto Rodríguez como Loría manifestaron que la Junta lo que hizo fue aplicar el aumento aprobado por el Gobierno.
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Para el diputado liberacionista Francisco Nicolás, el oficialismo busca “confundir y asustar a los costarricenses”.
“Es irresponsable decir que para pagar a la CCSS se requiere un impuesto más. Eso es para basurear a la institución. Es una cortina de humo para no hacer lo correcto, porque ni siquiera pagan la cuota anual”, dijo Nicolás.
“Aquí estamos ante la estrategia de siempre: torcer la verdad y asustar con los impuestos para dejar a la Caja en situación de indefensión en ruta al desmantelamiento”, advirtió Nicolás.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, manifestó que la Asamblea aprobó recursos para el accionar de la CCSS.
“¿De dónde vamos a sacar la plata para pagarle a la CCSS? Estos diputados le aprobamos a la CCSS ¢26.000 millones que vienen del impuesto de tabaco para la atención del cáncer. Y el ministro de Hacienda salió diciendo que no los va a girar. Y eso es un delito. Él no tiene el derecho de no girar los fondos de una partida que ya aprobamos.
“Es hipocresía decir que no hay cómo pagarle a la CCSS. Don Nogui (Acosta, ministro de Hacienda): páguele a la CCSS que nosotros le aprobamos el presupuesto. Es su deber cumplirlo. No es opcional”, reclamó Guillén.
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