Carlo Díaz, fiscal general de la República, ordenó investigar el uso de 87 plazas en la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros (INS) sin tener el contenido presupuestario para el pago de salarios, aguinaldos, cargas sociales y otros.
La causa se tramita en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción con el número de expediente 23-000088-0033-PE, según confirmó Díaz ante consulta de La Nación.
Este diario reveló, el pasado 8 de noviembre, que la entidad autorizó desde agosto de 2022 decenas de puestos de trabajo sin tener el presupuesto para financiarlos. Para solucionar el problema, la Red de Servicios aprovechó el año pasado recursos subejecutados en las partidas de remuneraciones, pero el presente año, ante la necesidad de dinero, corrió a la Contraloría General de la República (CGR) por un presupuesto extraordinario.
No obstante, la Contraloría improbó parcialmente la solicitud y rechazó el uso de ¢1.179 millones por “incorporar contenido para cubrir gastos que ya han sido ejecutados”. La resolución consta en el oficio DFOE-CAP-1600.
Ante esa decisión, Luis Antonio Monge Cordero, gerente general de la Red de Servicios de Salud del INS, ordenó recortar gastos en horas extra, viáticos, reposiciones de personal y cirugías con el fin de no exceder el presupuesto institucional anual, el cual asciende a ¢38.000 millones.
Por ejemplo, el 13 de octubre, Monge envió un correo a varios de sus subalternos en el que comunica que no se aprobarán jornadas extraordinarias de cirugías en los centros médicos del INS, los cuales atienden personas que sufren accidentes de tránsito o en el trabajo. Esas medidas impiden atender con mayor celeridad a los asegurados.
Además, instruyó no avalar permisos sin goce de salario, excepto en los casos en los que la aprobación no exija el pago de horas extras para sustituir al trabajador que solicitó el beneficio. También informó de que los empleados que renuncien o se desvinculen de la entidad por cualquier razón no serán sustituidos hasta enero de 2024, medida que podría afectar algunos servicios.
El fiscal general señaló que, por ahora, la causa se desarrolla contra ignorado, es decir, no se han identificado eventuales personas responsables.
“Debido a que el caso está en una etapa que es privada, no es posible brindar más detalles, ya que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, enfatizó Díaz.
En una entrevista realizada días atrás, Monge reconoció la ejecución de plazas sin contenido presupuestario, lo cual contraviene el artículo 180 de la Constitución Política de Costa Rica.
El argumento del gerente para actuar de esa manera es que, según él, en agosto de 2022 enfrentaron un aumento en la demanda de servicios médicos en el Hospital del Trauma, provocado por el fin de la pandemia y el aumento de accidentes de tránsito. Esa situación, asegura, los obligó a elevar la capacidad de atención.