Dueños de mansión en Curridabat irrespetan clausura para albergar fiestas de 12 horas

Los vecinos de Guayabos, en Granadilla de Curridabat, San José, están cansados de las incontables y bulliciosas megafiestas que se realizan en una mansión de la zona.

Comentan que los eventos ocurren todos los fines de semana desde hace dos meses y que se extienden por 12 horas, pero con mayor volumen de 10 p. m. a 5 a. m., justo a la hora de la restricción vehicular sanitaria.

Los organizadores de las actividades no solo incumplen con las medidas para evitar contagios de covid-19, sino que también violaron los sellos que autoridades municipales pusieron semanas atrás para clausurar la propiedad debido a esas actividades.

El inmueble es conocido como “Casa Giralda” y está ubicado en una finca de 4.700 metros cuadrados. En la web, la lujosa vivienda de cuatro pisos aparece en venta y con un valor cercano al millón de dólares.

La Municipalidad de Curridabat confirmó que las actividades que ahí se realizan han sido el motivo de quejas formales presentadas desde el 25 de junio del presente año. La propiedad, informó, está a nombre de la Sociedad Anónima Talaban S. A.

Como presidente y representante legal de esa sociedad aparece un individuo de apellidos Gutiérrez Mantica, de acuerdo con el Registro Nacional y la Dirección General de Tributación.

Gutiérrez aparece vinculado a otras sociedades, entre ellas una que adeuda ¢500.000 al Ministerio de Hacienda y que tiene un cobro judicial pendiente por ¢37 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En esa, él aparece como tesorero.

La Nación intentó conversar con Gutiérrez, pero declinó las llamadas e ignoró los mensajes que se le enviaron a las 5:30 p. m. del miércoles 18 agosto. En un momento, dijo que iba devolver la llamada, pero nunca lo hizo.

También se contactó a la corredora de bienes raíces que vende la vivienda, pero solo respondió: “Yo no sé nada (...) lo único que tengo es esa casa en la web a la venta, pero no tengo nada que ver con lo que se haga”.

El Ayuntamiento indicó que la casa no cuenta con ningún tipo de licencia comercial y que por eso, el 26 de junio fue visitada por funcionarios municipales, con la sorpresa de que ese día se realizaba un evento masivo.

Al percatarse de la fiesta, los inspectores procedieron a colocar sellos de clausura y a coordinar con las autoridades policiales. Sin embargo, días después, los gestores de las celebraciones arrancaron los sellos.

El 14 de agosto, la Municipalidad clausuró nuevamente la propiedad, pero los encargados hicieron caso omiso, pues al día siguiente volvieron a realizar una fiesta.

“El Departamento de Gestión Tributaria, a través de su sección de Inspecciones, envió el pasado lunes 16 de agosto un oficio de solicitud a la Dirección Regional del Ministerio de Seguridad Pública para colaborar con Fuerza Pública en caso de contar con orden judicial para ingresar al lugar”, detalló el gobierno local.

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Habitantes de Guayabos dicen no entender por qué este proceso se ha alargado tanto y se muestran molestos por la “impunidad” con la que continúan los eventos ilegales.

“Si uno pasa en la noche, después de la restricción, se ven un montón de carros parqueados a la orilla de la calle y nos llama la atención que ninguna autoridad hace algo al respecto, aunque haya 50 vehículos.

“Los vecinos llamamos al 9-1-1 y al 1322, pero no pasa nada. El escándalo se escucha en barrios aledaños y hasta tienen animadores y pasos señalados para llegar al sitio”, relató un vecino a La Nación.

El padre de familia, quien solicitó mantener en reserva su identidad, indicó que hay varios condominios alrededor de la mansión y que una gran mayoría de los residentes se queja de no poder dormir en toda la noche.

“Todo mundo sabe dónde es, todo mundo sabe qué está pasando, pero nadie resuelve nada. Entonces nos parece raro que en otros lugares sí se metan a detener eventos masivos, pero aquí absolutamente nada.

“Es insoportable. Es música realmente alta y yo ni siquiera vivo a la par. Yo conozco gente de otros condominios que dicen que escuchan la fiesta como si literalmente estuviera a la par de su casa”, contó.

Otra vecina, llamada Mariela Herrera, indicó que presentó una denuncia ante la Municipalidad por la gran cantidad de basura que dejaban las personas que asistían a los encuentros.

Detalló que la mayor parte son latas de cerveza, vasos plásticos y litros de licor que constantemente obstruyen las alcantarillas y provocan que, en días lluviosos, se inunden tramos de las calles.

La Municipalidad de Curridabat señaló que, debido a las actuaciones de los organizadores de las fiestas, el caso se lleva tanto en el Departamento de Gestión Tributaria como en el Departamento Legal.

Ante la consulta de si quitar los sellos de clausura representa un delito, el gobierno local respondió que por ahora se comenzó un proceso administrativo por desobediencia y que se debe realizar una notificación personal para elevar el tema a la Fiscalía.

“También habría una multa por realizar estos eventos sin licencia comercial. Por el momento no se han hecho las estimaciones. La sociedad tiene cinco días hábiles para oponerse a la notificación. A partir de esto se estudia el caso junto al Departamento Legal para determinar el proceso a seguir, realizar estimaciones y determinar el monto de multa que corresponda”, explicó la oficina de prensa de la Alcaldía.

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‘Los esfuerzos no han dado resultados’

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Reynold Pizarro es uno de los administradores de los condominios que colindan con la mansión donde se desarrollan las megafiestas y dice que sus residentes están “totalmente hartos” de la situación.

“Tenemos identificado el lugar y desde hace 15 días hemos estado solicitando ayuda de todas las autoridades. Hemos contactado a personeros de la Municipalidad y de la Fuerza Pública para que nos colaboren, sin embargo, los esfuerzos no han dado resultados.

“La Municipalidad ya puso los sellos de clausura, pero la propiedad tiene tres entradas más y por ahí es donde han ingresado las personas a los eventos. Las fiestas son clandestinas, pero se promocionan en redes sociales y por esa vía se comunican con los organizadores”, comentó el administrador.

El hombre mencionó que han identificado que las fiestas están orientadas a jóvenes con alto poder adquisitivo y que todo lo relacionado a precio por entrada, horario y dirección solo se divulga mediante mensajes privados.

“Ellos a nivel de organización tienen hasta un cuidacarros y la Policía lo que hace es simplemente llegar al lugar, pero de la calle no pasa, no hace consultas. Le hemos solicitado que hagan retenes policiales, sin embargo no lo ha hecho. Tampoco hay apoyo de la Policía de Tránsito durante la restricción vehicular.

“Hasta le hemos avisado con anticipación a las autoridades de las fechas en las que van a haber eventos, para que ellos puedan disponer de recursos en el sitio que corroboren que se violan los sellos municipales y que la gente ingresa a la fiesta, pero tampoco nos han ayudado con eso”, reclamó.

Pizarro dijo que incluso ha encontrado jóvenes que, luego de las fiestas, se acercan a los alrededores de los condominios a dormir para que se les pase el estado de embriaguez.

Además, destacó que ya tienen identificado un negocio que está detrás de los eventos.

“Hay una página de Instagram que se llama The Living Room VIP Club y al parecer ellos son los que hacen la organización, pero uno se mete a la página y ellos no promocionan estos eventos públicamente”, subrayó.

Este comercio, que se presenta en redes sociales como un club nocturno ubicado en Escazú, ha estado relacionado con varias fiestas clandestinas que ocurrieron en meses anteriores.

La Policía Municipal de San José había confirmado a La Nación que este negocio organizaba megafiestas en un salón en Paseo Colón que funcionó sin permisos durante tres meses este año y que luego fue clausurado.

El comercio también promocionó otro evento ilegal en un antiguo bar de Montes de Oca el pasado 16 de abril, el cual posteriormente fue cerrado por autoridades municipales y policiales del cantón.

Se ha intentado conversar con los dueños de The Living Room en reiteradas ocasiones, pero han rechazado las llamadas y bloqueado los números de teléfono para no ser contactados.

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