EscucharLas suspensiones y renuncias de varios miembros de la Junta Directiva impiden realizar sesiones normales y aprobar las nuevas reglas para el uso de los vehículos asignados a los siete gerentes de la institución, según confirmó Vilma Campos Gómez, gerente administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Hemos estado muy inestables con la conformación de la Junta Directiva, la reforma está haciendo fila entre los acuerdos (pendientes)”, comentó Campos en una entrevista realizada el pasado martes 14 de febrero.
Las modificaciones al Reglamento para la Utilización de Vehículos de la Caja están pendientes desde noviembre del año pasado, cuando la Junta Directiva ordenó reformar esa norma debido a la publicación de una serie de reportajes que revelaron el uso de carros oficiales para que los gerentes viajaran de su casa a la oficina y viceversa.
Por ejemplo, Randal Álvarez Juárez, gerente médico de la Caja, utilizaba un carro y un chofer institucional para viajar todos los días desde Puntarenas, donde reside, hasta su oficina en barrio don Bosco, San José. Para cumplir con los traslados, la Seguridad Social paga sumas millonarias en combustible, horas extras y viáticos del conductor.
Para cubrir el traslado de Álvarez, solo en seis meses, la CCSS pagó ¢1.950.000 en combustible, ¢1,9 millones por viáticos y ¢2,7 millones en horas extras. A esos montos se debe sumar el salario ordinario del conductor, fijado en ¢525.000 por mes.
A Álvarez también se le investiga por el presunto uso de un carro oficial para viajar de San José a Puntarenas luego de asistir a un juego de fútbol entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano el 19 de octubre de 2022.
Un reporte de la Auditoría Interna señaló que el “vale de transporte” del Toyota Fortuner, placas 2901, asignado a la Gerencia Médica, tenía el 19 de octubre, día del partido en el estadio Ricardo Saprissa, un horario autorizado de 6 a. m. a 8 p. m., pero el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) muestra movimientos posteriores a ese horario. El “vale de transporte es el documento empleado por la CCSS para controlar los carros de la institución.
El GPS muestra que el carro utilizado por el gerente médico salió a las 11:13 p. m. de San José hacia Puntarenas y fue guardado hasta la 1:18 a. m. del 20 de octubre.
Los otros seis gerentes también disponían de un auto y un chofer para viajar desde sus domicilios, asistir a reuniones, giras y otros compromisos. Entre mayo y octubre, la entidad gastó ¢19 millones en combustible y horas extras de los choferes gerenciales.
A esos números deben sumarse los salarios base mensuales de cada conductor, que oscilan entre ¢525.000 y ¢922.000 por mes. La diferencia se da por los años de laborar del empleado y la categoría del puesto.
La funcionaria aseguró que la institución eliminó, desde el año pasado, la movilización de los gerentes desde sus viviendas hasta sus trabajos y viceversa.
Sobre la reforma al Reglamento, indicó que se conformó un equipo multidisciplinario que analizó la normativa vigente y planteó cambios como no dedicar un chofer exclusivo para cada gerente y limitar la utilización de los automotores de 8 a. m. a 4 p. m., entre otros.
No obstante, aún no se conoce la nueva versión completa del Reglamento.
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y octubre del presente año, la Caja pagó ¢1.426.000 en peajes para los carros de los siete gerentes. De ese monto, ¢984.400 fueron gastados por la Gerencia Médica y la Gerencia General, pues realizaban recorridos hasta Puntarenas y Ciudad Colón, respectivamente.
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Roberto Cervantes Barrantes y Randal Álvarez Juárez, exgerente general y gerente médico de la CCSS, respectivamente, son los que reportaron, en 2022, más gasto en peajes.
“Con solo el hecho de poner esas restricciones ya no hay gasto de viáticos, pago de horas extras y el gasto de la gasolina disminuyó”, afirmó Campos.
¿Qué pasa en la Junta Directiva?
En diciembre de 2022, por orden del Consejo de Gobierno, fueron suspendidos temporalmente cinco miembros de la Junta Directiva de la CCSS por aparente conflicto de interés por la aprobación de un aumento salarial retroactivo.
Las personas suspendidas fueron José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas, Martha Rodríguez González, representante de los sindicatos, Maritza Jiménez Aguilar, representante de las asociaciones solidaristas, Carlos Salazar Vargas, representante del Gobierno y Jorge Hernández Castañeda, representante de los empresarios.
Días después a la suspensión, Hernández Castañeda dejó su puesto de forma definitiva.
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Desde entonces, la Junta Directiva de la CCSS ha estado casi paralizada. Para remediar la situación, el Consejo de Gobierno nombró a María Isabel Caamaño, como representante del cooperativismo; Jorge Porras López, como representante del movimiento solidarista y José Luis Castro Vásquez, como representante del sector sindical.
A esta situación se suma la renuncia de Marielos Alfaro Murillo, representante de los patronos en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social desde 2014.
La Ley Constitutiva de la CCSS establece que la Junta Directiva de la CCSS está integrada por nueve personas: tres representantes del Poder Ejecutivo, tres de los patronos y tres de los sectores sociales (cooperativismo, solidarismo y sindicalismo).
En la actualidad, la Sala Constitucional analiza varios recursos de amparo presentados por los directivos suspendidos en los que se objeta la decisión del Consejo de Gobierno.
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