EscucharPor segunda vez, en menos de seis meses, la Contraloría General de la República (CGR) improbó el presupuesto que la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros (INS) pretendía utilizar en la creación de puestos de trabajo.
La primera ocasión ocurrió el pasado 18 de julio, cuando la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría frenó la incorporación de ¢1.179 millones al presupuesto extraordinario del 2023. Esos fondos tenían el objetivo de financiar salarios y otras remuneraciones de 87 trabajadores incorporados a centros médicos de la Red desde agosto de 2022.
La segunda ocasión sucedió el 21 de diciembre. Ese día la CGR volvió a llamar la atención de la Red de Servicios de Salud del INS y objetó la utilización de ¢1.127 millones para el presupuesto ordinario del 2024.
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Luis Antonio Monge Cordero (centro), gerente general de la Red de Servicios de Salud del INS visitó, en setiembre pasado, una estación de bomberos junto a Mónica Araya, jerarca de la entidad. (Cortesía del INS)
De acuerdo con la Red, esos recursos se utilizarían en la creación de otras 72 plazas nuevas. Sin embargo, la Contraloría expuso que la institución no “demuestra razonablemente la sostenibilidad financiera para adquirir estas obligaciones salariales”.
El órgano contralor agregó que la entidad no aportó información financiera que sustente la aprobación de la plazas por parte de la Junta Directiva”.
La Red de Servicios de Salud es una empresa subsidiaria del INS que administra y opera los centros médicos que dan soporte a la aseguradora estatal, entre ellos el Hospital del Trauma.
Los recursos improbados por la Contraloría General de la República a la Red de Servicios de Salud representan el 2,7% del presupuesto total ordinario para el año 2024.
Observaciones a la Red de Servicios
Flor Alfaro Gómez, gerenta interina de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, le advirtió a Luis Monge Cordero, gerente general de la Red, que la aprobación de plazas sin demostrar la sostenibilidad financiera infringe el artículo 176 de la Constitución Política. Esa norma establece que la gestión pública “se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable”.
También le señaló a Monge que incorporar plazas sin asegurar que existe el respaldo económico para hacerlo viola el artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual define los principios presupuestarios.
El inciso c de dicho artículo habla del principio de equilibrio presupuestario entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento. Además, el inciso e, cita que “los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo”.
Este medio de comunicación contactó a Luis Monge para consultarle sobre el tema este viernes 29 de diciembre. Por medio de su teléfono celular se le consultó por qué ocurrió la improbación y a qué corresponden las nuevas 72 plazas laborales.
No obstante, el gerente general indicó que podría responder en detalle hasta la próxima semana. Adelantó que los 72 cargos mencionados no están relacionados con los 87 puestos de trabajo incorporados sin presupuesto desde agosto de 2022.
“No es un proyecto en particular, corresponde a diversos estudios de cargas de trabajo realizadas durante este año”, detalló.
El 6 de diciembre del presente año, el Ministerio Público informó que abrió una investigación penal por el uso de esas 87 plazas, pues fueron habilitadas sin contenido presupuestario. La causa se tramita en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción con el número de expediente 23-000088-0033-PE.
En una entrevista realizada semanas atrás, Monge reconoció la ejecución de plazas sin contenido presupuestario, lo cual contraviene el artículo 180 de la Constitución Política de Costa Rica.
El argumento del gerente para actuar de esa manera es que, según él, en agosto de 2022 enfrentaron un aumento en la demanda de servicios médicos en el Hospital del Trauma, provocado por el fin de la pandemia y el aumento de accidentes de tránsito. Esa situación, aseguró, los obligó a elevar la capacidad de atención.
Durante el 2022, la entidad aprovechó una subejecución en la partida de remuneraciones para financiar los salarios, cargas sociales y aguinaldos de los 87 trabajadores, pero en 2023, ante la urgencia de dinero, acudió a la Contraloría para el aval de un presupuesto extraordinario.
Ante la negativa de la Contraloría, la Red de Servicios de Salud del INS tuvo que recortar el pago de viáticos, horas extras y sustitución de personal para no exceder el presupuesto aprobado.
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