EscucharMiguel Salas Araya y Maynor Barrantes Castro, dos de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) investigados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, fueron reinstalados en jefaturas de la entidad el 22 de enero, un mes antes de los allanamientos realizados por las autoridades judiciales.
De acuerdo con documentos suministrados por la oficina de prensa de la CCSS, la Junta Directiva, presidida por Marta Esquivel Rodríguez, no prorrogó las medidas cautelares que mantenían a esos trabajadores separados de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios y de la Jefatura del Área de Adquisición de Bienes y Servicios, desde el 2020.
Salas y Barrantes fueron alejados de sus puestos por su presunta participación en la compra de 12 millones de mascarillas quirúrgicas por $4 millones a una periodista y un contador sin experiencia en el suministro de ese tipo de artículos y que incumplieron con las entregas, sea total o parcialmente.
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El 20 de febrero, agentes del OIJ y fiscales allanaron varias oficinas de la CCSS, entre estas, la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, ubicada en Sabana norte. (José Cordero )
Además, según el expediente de contratación, los funcionarios a cargo de la compra permitieron que los contratistas no depositaran garantías de cumplimiento y participaran con certificados de calidad en mandarín sin aportar traducciones oficiales.
De acuerdo con argumentos esbozados por el Ministerio Público en la orden de allanamiento , Salas y Barrantes formarían parte de “una organización criminal” que favoreció a proveedores en varias adquisiciones de equipo de protección durante la pandemia. Por lo tanto, los incluyó en 21 allanamientos realizados el 20 de febrero anterior en oficinas de la CCSS, oficinas privadas, casas de empleados públicos y proveedores.
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A ellos, a dos exgerentes (Roberto Cervantes y Luis Fernando Porras), varios asesores, miembros de comisiones técnicas y contratistas les achacan los presuntos delitos de de influencia en contra de la hacienda pública, tráfico de influencias y falsedad en la recepción de bienes y servicios.
¿Por qué la Junta Directiva de la CCSS no extendió las medidas cautelares a Salas y Barrantes? ¿Por qué les permitió regresar a puestos donde tienen influencia y poder de decisión sobre compras millonarias?
La Nación envió, el 23 de febrero, consultas sobre este tema a la presidenta ejecutiva de la CCSS. Primero, evadió contestarlas al remitir, el 27 de febrero, vía correo electrónico, una declaración general en la que afirmó que “los motivos iniciales” para fijar las medidas cautelares “actualmente carecen de pertinencia jurídica”.
Además, aseguró que las investigaciones administrativas contra Salas y Barrantes están en una etapa avanzada y, según ella, reincorporarlos no genera “peligro” para las pesquisas.
Al pedirle que contestara las preguntas enviadas desde el 23 de febrero, el viernes 3 de marzo, expresó lo siguiente: “La extensión o no de las medidas es una competencia de la Junta Directiva que se valora luego de que los entes técnicos responsables soliciten o no esa ampliación”.
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También confirmó que luego de los allanamientos realizados por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, Salas y Barrantes se mantienen como jefes de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios y del Área de Adquisición de Bienes y Servicios.S
Sin embargo, dijo, el 22 de febrero solicitó al Ministerio Público la gestión de medidas cautelares para la separación de Salas y Barrantes de esos cargos.
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