El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó al Estado reinstalar a Benito Coghi Morales, exdirector general de Aduanas destituido en el 2019 por el caso del cemento chino, “en el puesto que ocupaba o en uno similar donde ostente los mismos derechos laborales”.
Esta instancia resolvió parcialmente con lugar una solicitud de medidas cautelares cuatro años después de que Coghi acudió a ese órgano a pedir su restitución.
Mediante la resolución N.° 811-2023, del 8 de mayo anterior, el Tribunal aprobó la orden de reubicarlo. El funcionario también pidió el reconocimiento de los salarios caídos desde enero del 2019 más los intereses generados con el paso del tiempo, pero esa solicitud fue rechazada.
Benito Coghi fue despedido sin responsabilidad patronal por parte del Ministerio de Hacienda, en enero de 2019, luego de que un procedimiento administrativo lo encontró responsable de tomar varias decisiones vinculadas al ingreso de cemento importado desde China, propiedad de Juan Carlos Bolaños.
El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y el despido fue ratificado por el Tribunal Administrativo del Servicio Civil.
En el gobierno de Luis Guillermo Solís, trascendió que Cogui autorizó que un cargamento de 20.000 toneladas de cemento de Bolaños se desalmacenara fuera de los patios aduanales, a mediados del 2016, mediante una figura llamada habilitación temporal.
Ante la Asamblea Legislativa, Coghi quien dijo que el entonces viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez le había pedido premura en resolver las peticiones de importador de cemento Juan Carlos Bolaños, indicándole que el “big chief” (en referencia al entonces presidente, Luis Guillermo Solís), esperaba una respuesta.
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El Gobierno actual acaba de elegir a un nuevo director general de Aduanas: Wagner Quesada Céspedes. Él se desempeñaba como subdirector desde abril del 2020.
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Argumento de la jueza
Al resolver la solicitud de medida cautelar, la jueza tramitadora Godelieve López Salas argumentó “se acreditó el daño grave a la parte actora y que el acto sobre la falta al deber de probidad se encuentra impugnado”.
Agregó que no se alega un daño concreto para la Administración Pública y que se cumplen los elementos necesarios para la adopción de la medida cautelar.
En cuanto al reconocimiento de los salarios caídos, López aseguró que se trata de una petición temeraria, porque esta es una pretensión propia del proceso principal y es improcedente otorgarlo de forma cautelar sin un análisis de fondo sobre su procedencia.
“Su otorgamiento supondría conceder de antemano el derecho”, dijo la jueza.
La resolución judicial recopila algunos de los argumentos expuestos por la defensa de Benito Coghi, al solicitar ambas medidas cautelares.
En primera instancia, el funcionario de Hacienda aseguró que afrontó un “daño grave” en su esfera patrimonial y familiar producto de “la pérdida de la única fuente de ingresos para un funcionario público con obligaciones familiares”.
El daño grave argumentado, apunta el documento, se concretó “al no poder hacer frente a sus necesidades” y a que demuestra que “es una persona casada, padre de dos hijos que se encuentran estudiando y con obligaciones financieras”.
La defensa enfatizó que la situación de Coghi “se ha visto desmejorada desde el momento del despido afectando drásticamente la situación económica de su familia, repercutiendo en muchos aspectos de su vida por el deterioro en las finanzas familiares que han conducido a un caos financiero, teniendo que recurrir a ajustes para la reducción de gastos que son necesarios como los de salud”.
Por el contrario, la defensa del Estado, representada por la Procuraduría General de la República (PGR), argumentó que el interés público debe “prevalecer sobre el interés de la parte privada” y, por ese motivo, pidió al Tribunal rechazar las medidas cautelares solicitadas por Coghi.
La defensa estatal también expresó la inconveniencia de reinstalar en el cargo al exdirector general de Aduanas. “Al actor se le atribuyó la comisión de faltas gravísimas en el ejercicio de sus funciones, que eran contrarias a los principios de lealtad, probidad, eficiencia, de las que se derivó una pérdida objetiva de confianza”.
Consultado vía telefónica sobre este fallo, Coghi sostuvo que su abogado se pondría en contacto con este medio de comunicación. Adujo que este caso es privado y que prefiere no brindar declaraciones.
El despido de Coghi se hizo efectivo a partir del 1.° de enero de 2019, según había informado en aquel momento Nogui Acosta, cuando era el viceministro de Ingresos de la administración de Carlos Alvarado. Acosta ahora es el ministro de Hacienda del gobierno de Rodrigo Chaves.
El proceso disciplinario había empezado en marzo del 2018, en el periodo del expresidente Luis Guillermo Solís. Como director de Aduanas, Coghi le reportaba al entonces viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez.