Supremos poderes discuten cómo penalizar a adultos que empleen a menores en delitos

El objetivo principal es prevenir el reclutamiento de menores por parte de bandas vinculadas al narcotráfico o crimen organizado, según planteó en la discusión.

El fiscal general, Carlo Díaz, señaló que actualmente no existe legislación que castigue a una persona mayor por cometer un delito utilizando a un menor.

No obstante, explicó que, durante las discusiones, se ha observado la dificultad de elaborar una legislación que sea práctica y efectiva. El fiscal generar expresó preocupación por los desafíos probatorios al intentar demostrar el uso de menores en actividades delictivas por parte de adultos.

“Siempre es muy difícil porque tendríamos que tener pruebas que nos demuestren fehacientemente que el mayor utilizó al menor. Hay casos muy evidentes, por ejemplo, si un menor está asaltando con un mayor es un caso evidente, pero en una organización delictiva, por ejemplo de narcotráfico o de crimen organizada, demostrar que la persona fue reclutada para esos fines es más difícil hacer ese tipo de demostración”, explicó Díaz.

Dada esa dificultad probatoria, indicó Díaz, se está evaluando la redacción de una legislación correcta que permita imponer las sanciones.

Como punto de partida, la mesa analizó un proyecto presentado por la diputada Alejandra Larios del Partido Liberación Nacional (PLN), el cual propone endurecer las penas por el uso de menores en delitos, manteniendo la posibilidad de que sean objeto de investigación.

Larios señaló que aún no se ha determinado si se realizarán modificaciones a través de mociones en caso de avanzar con el tema, o si se propondrá una redacción completamente nueva.”

Gloria Navas, diputada del Partido Nueva República (PNR) y coordinadora de la mesa, subrayó la necesidad de abordar el problema reconociendo que, detrás de cada caso de un menor involucrado en delitos, se trata de un individuo que requiere un enfoque restaurativo en lugar de simplemente punitivo, precisamente por tratarse de un menor.

Con respecto al reclutamiento, la diputada enfatizó la importancia de reconocer que las bandas están vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, añadió que, al hablar de reformas para intensificar o establecer sanciones a adultos, se debe tener cautela en la definición de los tipos penales. En este sentido, justificó, la mesa aún no ha llegado a decisiones concretas al respecto.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló que los grupos criminales buscan en los jóvenes mano de obra barata y manipulable. “Los grupos criminales no son tontos, saben que si usan a un menor de edad tienen mayor posibilidad de que, en un corto tiempo, los menores están en la calle (libre)”, señaló el jefe policial.

Por ello, añadió, se busca establecer un desincentivo para el interés en utilizar menores, similar a lo que ocurre con las penas por pornografía infantil o relaciones sexuales con menores de edad

No obstante, el jerarca del OIJ resaltó que Costa Rica ha implementado históricamente la justicia restaurativa en casos que involucran a menores.

Bajo esta perspectiva, dijo que resulta crucial erradicar la disponibilidad de mano de obra barata que los grupos criminales reclutan, ya que, de lo contrario, imponer largas condenas a menores de edad solo contribuiría a llenar las cárceles de jóvenes, cuando los que se benefician de esos actos son adultos y grupos criminales.