EscucharLa Superintendencia de Pensiones (Supén) señaló vías para permitir que el Estado reduzca gradualmente las contribuciones que hace, en su condición de patrono, a las jubilaciones del Poder Judicial y de Capitalización Colectiva del Magisterio (RCC), como lo propone un proyecto de ley del gobierno.
Por ejemplo, recomendó elevar los castigos para los funcionarios que se pensionen de forma anticipada en ambos regímenes, con el fin de desincentivar esta opción.
Actualmente, el Poder Judicial permite la pensión anticipada a los hombres a partir de los 62 años y a las mujeres a los 60. Por su parte, el RCC permite pensionarse a los 55 años.
En el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en cambio, la edad mínima de pensión es de 65 años y los hombres no tienen posibilidad de anticiparla, mientras que las mujeres pueden hacerlo a los 63 años si tienen 405 cuotas.
La Superintendencia también sugirió incentivar la postergación de pensionados, fijar aportes más acordes con la actividad que se desarrolla y eliminar la transferencia intergeneracional de costos, la cual es muy alta debido a la caída de la pirámide poblacional.
Cambios en la revalorización
Ante los diputados, otra de las recomendaciones que efectuó la Supén es aplicar cambios en la revalorización como un mecanismo de balance para mejorar el financiamiento de las pensiones que se encuentran en curso.
Actualmente, la revalorización de las pensiones es igual al porcentaje de inflación. Un cambio para revalorizar las pensiones por debajo de la inflación podría llevar a los fondos a alcanzar un resultado positivo en la sostenibilidad financiera financiera de forma más rápida, según la superintendencia.
Rocío Aguilar, superintendente de Pensiones, defendió el criterio positivo de la Supén en favor del proyecto que equipararía la cotización patronal de las pensiones del Poder Judicial y del Magisterio con las del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En el caso de la Corte, el aporte bajaría gradualmente de un 14,36% del salario a un 5,75% en un período de 35 años. En el caso del RCC, bajaría de un 6,75% a un 5,75% en diez años.
El estudio actuarial de la Supén concluyó que el plan es factible siempre que se tomen medidas para garantizar el equilibrio económico de los sistemas. La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General habían criticado la ausencia de estudios técnicos sobre el impacto de la iniciativa.
Para la Supén, es importante permitir a las juntas administradoras de los fondos de pensiones modificar los requisitos y beneficios de jubilación, con el fin de que ajusten las reglas del retiro anticipado y la edad mínima para retirarse.
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Rafael Chavarría Delvó, funcionario de la división de Supervisión de Regímenes de Capitalización Colectiva de la Supén, explicó que las juntas administradoras hoy no pueden modificar el perfil de requisitos y beneficios por un criterio de la Sala IV que eliminó la posibilidad, obligando a estas a hacerlo únicamente por medio de una ley.
“No tienen ningún margen para poder asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, este proyecto se plantea de tal forma que ellos puedan hacer esos ajustes, que sean responsables de decir cuál es el perfil de requisitos que le conviene a sus afiliados y empezar a construir un fondo que sea para ellos”, reiteró el funcionario.
Según Chavarría, esto permitiría a las juntas aplicar las reformas necesarias.
La propuesta contenida en el expediente 23.733, presentado por la diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), busca una disminución progresiva del aporte patronal destinado a las pensiones del Poder Judicial.
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