Secretario general de PLN pide investigar a Johnny Araya por nueva sanción de Contraloría

El jerarca del PLN, de hecho, solicitó al TED analizar la posibilidad de separar a Araya de Liberación por las constantes sanciones aplicadas al alcalde, pues este es el tercer castigo que la CGR ordena contra Araya.

En su solicitud al TED, Miguel Guillén requirió que, con base en lo dispuesto por el Código de Ética y el Estatuto del partido, se suspenda a Araya de su militancia en Liberación Nacional en caso de comprobarse los hechos señalados por la CGR.

Según añadió el secretario liberacionista, el artículo 21 del Código de Ética establece que se debe aplicar de forma obligatoria una medida cautelar de suspensión temporal contra un miembro del partido cuando se le relacione con una situación escandalosa, conocida por la opinión pública ante la divulgación de al menos tres medios de comunicación.

Según la reciente investigación de la CGR, en el 2018 el alcalde habría autorizado la contratación por excepción de ¢22,5 millones a la empresa BDS Asesores Jurídicos sin contar con estudios de mercado o legales que justificaran no haber hecho un concurso público. El objetivo de la contratación era asesorar a los abogados del ayuntamiento sobre la nueva Ley de Empleo Público, capacitaciones y la renegociación de la convención colectiva.

Achaca a Araya de replicar ataques del gobierno contra la CGR

Guillén también manifestó su preocupación por la reacción del alcalde contra la CGR, pues Araya argumentó que es víctima de una persecución de la Contraloría. Para el secretario general, Araya parece seguir la dinámica del gobierno de Rodrigo Chaves, de atacar insistentemente al órgano contralor sin presentar una denuncia formal.

“Me parece muy delicado que, en reiteradas ocasiones, el señor Araya Monge apele a una supuesta persecución por parte de la Contraloría, en especial, en la actual coyuntura, que como supra señaló, desde lo más alto del Poder Ejecutivo, insistentemente se producen ataques a esa institución.

“No solo en el caso concreto que da pie a esta denuncia don Johnny hace un señalamiento fuerte contra esa institución auxiliar del Primer Poder de la República, alegando persecución sin más, porque no es conocido aún que haya denunciado la situación que alega en las instancias correspondientes; también lo hizo a raíz de otras decisiones que la Contraloría tomó contra él antes”, aseveró.

Araya se desmarca de actuar del gobierno

Al respecto, Johnny Araya aseguró que sus quejas contra la CGR están alejadas de las del Ejecutivo, pero insistió en que las actuaciones de la Contraloría obedecen a un tema personal de la contralora Marta Acosta, la cual asegura está en su contra.

“Los reclamos del gobierno no tienen nada que ver con los reclamos míos. Yo no estoy coincidiendo ni oponiéndome a lo que gobierno está haciendo. Lo que yo sí estoy señalando es que me parece extraño que, desde que yo tuviera confrontación con funcionarios de la Contraloría y en especial con la señora, por la ley que eliminó la regla fiscal a las municipalidades, yo he sentido que se han venido varios procedimientos administrativos en mi contra.

“En 25 años antes de esos procedimientos, yo solo había recibido un procedimiento; ahora, ya llevan varios. Yo sí siento extraño el actuar de la Contraloría en mi contra y pienso que tiene que ver con esa confrontación, porque la contralora estuvo en contra de esa ley y ella quedó muy molesta con eso”, aseveró Araya.

El alcalde liberacionista aseguró que, semanas atrás, solicitó a los órganos internos del partido una audiencia para exponerles sus pruebas y emitirles su versión de los hechos, pero aseguró que su petición fue ignorada por el secretario general del partido, quien no le brindó ese espacio.

Araya insistió en que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde presentará una denuncia contra la CGR en los próximos 10 días, debido a que considera que el actuar del ente contralor ha sobrepasado sus potestades, violentado normas internacionales.

En tanto, Guillén solicitó que este nuevo caso no se acumule con otros que Araya Monge tiene pendientes de resolución en el Tribunal de Ética.

En noviembre de 2021, Araya Monge fue suspendido del cargo a raíz de la investigación conocida como Caso Diamante, donde se detuvo a cuatro jerarcas municipales, incluido el de San José, por unos presuntas anomalías en contratos de obra pública.

En agosto del 2022, el liberacionista recibió una sanción por el supuesto pago ilegal a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros de la capital. La suspensión en esa ocasión fue por 30 días.

En julio de ese mismo año, volvió a ser sancionado nuevamente por 25 días sin goce de salario, debido a la inscripción de un vehículo municipal como discrecional, ante el Registro Nacional.