El plan para crear una Ley Marco de Economía Social Solidaria pende de un hilo que, por momentos, parece a punto de romperse. La iniciativa tiene en contra elementos técnicos y políticos que ponen su futuro cuesta arriba.
Por un lado, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) le quitaron el apoyo al proyecto, por diferencias con el legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata.
Por otro, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señaló, en un informe sobre el plan, divulgado el 21 de febrero, que ahora se debe consultar el proyecto al Poder Judicial, y si los magistrados no están de acuerdo con el texto, se requerirá del apoyo de al menos 38 diputados para aprobarlo.
Así se explica la situación: la propuesta que se discute bajo el expediente 19.654, convocada por el Poder Ejecutivo e impulsada en el Congreso por Morales Zapata, pretende crear un Consejo Nacional de Economía Social Solidaria, para darle prioridad a los proyectos y emprendimientos de este tipo de organizaciones.
Esto quiere decir, a proyectos y venta de bienes y servicios que nazcan de cooperativas, asociaciones solidaristas, asociaciones de productores, asociaciones musicales, asadas y asociaciones laborales, entre otras.
Sin embargo, el informe del Departamento de Servicios Técnicos apuntó que la iniciativa de ley sufrió cambios en comisión que ponen cuesta arriba su aprobación.
Esto porque en el dictamen de mayoría con el cual el plan salió de comisión, el 20 de abril del 2016, se incluyó un artículo que plantea la obligación de las instituciones del Estado de priorizar "la adquisición de obras, bienes o servicios provenientes de las empresas de economía social solidaria", de organizaciones de la Economía Social Solidaria.
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Es decir, las instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial, estarían en la obligación de dar prioridad a organizaciones de Economía Social Solidaria para abastecerse de bienes y recibir servicios.
El informe apunta que los diputados deberán consultar a la Corte Suprema de Justicia sobre esta situación, que les obliga a que, previo a una adquisición, se tomen en cuenta este tipo de organizaciones.
Si los magistrados se oponen, el criterio técnico señala que el plan necesitaría entonces de 38 votos, y no de la mitad más uno (mayoría absoluta) para ser votado en el plenario.
Además, se reseña que el proyecto debe ser votado por el pleno legislativo, sin posibilidad de que se delegue a una Comisión Plena con Potestad Legislativa, compuesta por 19 legisladores, y donde habría mayor margen de negociación.
La diputada del Frente Amplio, Suray Carrillo, dijo que presentarán una moción en el plenario para que este artículo sea modificado y se elimine la obligatoriedad de las instituciones del Estado de comprar bienes y servicios, de forma prioritaria, a organizaciones de la economía social solidaria.
Empero, el daño está hecho, y las dudas sobre el proyecto se han despertado entre diputados de otras fracciones, generando un mal ambiente político.
Lo político.
En cuanto a la viabilidad política, la propuesta de ley pierde adeptos importantes en el plenario, tanto del PLN como de otras agrupaciones políticas.
El diputado Juan Marín, de la Comisión Especial de Economía Social Solidaria, y quien se destacó por el impulso al proyecto, ahora señala que no tiene "posibilidad alguna" de ser votado a favor.
"Se erosionó mucho la negociación de Víctor Morales con su actuación en los últimos meses. Hoy no está siendo viable el proyecto de economía social. Me parece que últimamente el diputado Morales perdió la capacidad de negociación en el plenario. No tiene en este momento ninguno de los proyectos de Economía Social votos suficientes para pasar una votación en el plenario", dijo Marín.
El diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, considera que el proyecto contiene elementos que han estado viendo "con mucha lupa".
"No lo hemos avalado totalmente. Tenemos varias mociones presentadas. No queremos que se convierta en una ley que genere una competencia desleal", expresó.
Asimismo, el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas, duda de que la iniciativa logre los votos en plenario.
"Varios diputados hemos externado nuestras preocupaciones y hemos sido claros en que, tal y cómo está redactado el texto, no lo votaríamos. No creo que ese proyecto, hoy por hoy, logre ser aprobado, menos con mayoría calificada", expresó.
A pesar de las observaciones, Morales Zapata dijo que el proyecto sí tiene suficiente consenso político.
"Hoy el ambiente es mucho más favorable que al inicio. Se ha logrado superar en mucho el prejuicio derivado de la especulación y desconocimiento sobre el carácter empresarial que sostiene el proyecto de ley Marco de Economía Social Solidaria. Hay que continuar profundizando el diálogo sobre el proyecto y visibilizar cada vez más su vocación empresarial y de generación y formalización del trabajo", afirmó Morales.
El diputado dijo desconocer las observaciones de sus colegas de otros partidos.