Procuraduría: Fallos de Sala Primera se contraponen a sentencia de Sala IV en materia tributaria

Según la PGR, los magistrados de la Sala Primera anularon, de manera inesperada, procedimientos sancionatorios y de cobro de impuestos con dos fallos emitidos en el 2022, ordenando iniciar nuevos procesos, lo que podría tener un impacto negativo en las finanzas públicas.

“Hay un trastocamiento del orden constitucional y lesiona los intereses públicos”, declaró el procurador Jorge Oviedo.

Así se refirió a la decisión de la Procuraduría de presentar una acción de inconstitucionalidad, ante la Sala IV, contra las dos sentencias de la Sala Primera que invalidaron procedimientos de cobro realizados por la Dirección de Tributación entre el 2012 y el 2016.

En la misma acción, la PGR pidió declarar inconstitucional una frase del artículo 185 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), la cual establece que “los efectos de la jurisprudencia contenida, al menos, en fallos de casación, ya sean del Tribunal Contencioso o de la Sala Primera” podrán extenderse y adaptarse a otras personas.

Sin embargo, el núcleo de la acción de inconstitucionalidad es la impugnación de los votos 604-G-S1-2022 y 2727-S-F1-2022, emitidos en marzo y diciembre del 2022, que crearon jurisprudencia, explicó el procurador Oviedo. Estas sentencias permiten que otros contribuyentes puedan acudir ante un juez o el Tribunal Fiscal Administrativo para reclamar los tributos pagados, lo que podría resultar en un costo de ¢118.860 millones en devoluciones para el erario.

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El origen del problema

Oviedo insistió en que el problema es que las sentencias de la Sala Primera se contraponen a una disposición emitida por los magistrados constitucionales.

En el 2016, la Sala IV derogó la versión del artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) aprobada por los diputados, en el 2012, para los procedimientos de cobro de impuestos por fiscalización.

Oviedo explicó que ese apartado derogado permitía que un mismo funcionario realizara la investigación, recibiera la prueba y celebrara la audiencia, dictando el acto de liquidación de oficio sin una revisión independiente.

La Sala IV lo declaró inconstitucional por irracional y, en una sentencia aclaratoria del 2017, le indicó a la Administración Tributaria que debía ajustar los procedimientos conforme sus herramientas legales, pero no afectó a los casos ocurridos entre el 2012 y el 2016.

De acuerdo con la PGR, los magistrados únicamente suspendieron el dictado de los actos finales (llamados actos de liquidación de oficio), pero no los procedimientos.

El abogado del Estado sostiene que la Sala Constitucional ordenó mantener vigente la versión anterior del artículo 144, garantizando la continuación de los procedimientos tributarios existentes.

“Existe un principio llamado de conservación de los actos, el cual es un principio de economía y aseguramiento del interés público, y dicta que todos esos actos debían mantenerse a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad.

“No había ningún problema. Lo que la administración debía hacer era terminar el procedimiento con el artículo 144 antiguo que había sido puesto en vigencia”, explicó Oviedo.

Agregó que tanto la norma derogada como la “revivida” protegen los actos de trámite del procedimiento tributario, asegurando el derecho de defensa de los contribuyentes.

No obstante, la Sala Primera anuló dos procesos de cobro a contribuyentes debido a que se efectuaron al amparo del artículo derogado.

La Procuraduría señala que estas sentencias violan el inciso 7 del artículo 140 de la Constitución Política, el cual otorga al Estado la potestad recaudatoria, además de que afectan otros principios constitucionales como la justicia pronta y cumplida, el manejo adecuado de fondos públicos y el equilibrio presupuestario, entre otros.

Esos procedimientos podrían ser declarados nulos, ya que la jurisprudencia de la Sala I se ha extendido a terceros, enfatizó Oviedo. Además, explicó que el Tribunal Fiscal Administrativo emitió más de una decena de resoluciones basadas en esa jurisprudencia, las cuales son contrarias a la Hacienda Pública y han sido impugnadas por conexidad.