¿Por qué el plan de venta del BCR acarrea cuestionamientos de transparencia?

El proyecto del Gobierno para vender el Banco de Costa Rica (BCR), con el propósito de amortizar la deuda pública, ha recibido cuestionamientos en torno a la transparencia del proceso.

Estos son las principales objeciones que han surgido:

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- Sin controles necesarios

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Un Comité de Venta, integrado por los ministros de Hacienda, Presidencia, Planificación, Economía y Trabajo, estaría exento de aplicar las normas de contratación pública al escoger a la persona o firma especializada que asesorará al Gobierno en el proceso de subasta. El proyecto de ley establece normas excepcionales para su selección.

Para la contralora general de la República, Marta Acosta, esa propuesta implica una “huida de los controles” legales en cualquier proceso de contratación pública. La jerarca insistió en que el plan no es viable en los términos planteados, pues “contraviene la transparencia” que requiere un proyecto de esta magnitud.

“Imagínense ustedes, una asesoría financiera prácticamente exonerada de todo control, que va a ser actora primordial para determinar la estructura, los precios, la gestión de la venta”, expresó Acosta.

Esta excepción, dijo la contralora a los diputados, podría ser contraria al artículo 182 de la Constitución Política, el cual establece que los contratos que celebre la administración pública “se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”.

La Gerencia Corporativa Jurídica del Banco de Costa Rica coincide en que la propuesta de eximir a ese comité de ministros de los procedimientos de concurso público choca con la Constitución Política.

“Para garantizar la probidad, se debe prohibir que el comité se a parte del resultado de la evaluación técnica, para evitar manipulaciones y arbitrariedades”, señala el criterio jurídico del BCR.

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- Comisión de ganancia sin parámetro

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La contralora también cuestionó la falta de parámetros para definir la comisión de ganancia que recibirá la persona o firma especializada que asesorará al Consejo de Gobierno en la subasta del Banco de Costa Rica.

De acuerdo con el proyecto, la ley autorizaría al Gobierno a pagar un monto fijo por la asesoría, así como un incentivo basado en los resultados del remate. La propuesta, sin embargo, deja a discrecionalidad del Gobierno determinar la porción de los ingresos que se dejará la empresa financiera detrás del proceso.

- Papel del Consejo de Gobierno en subasta del banco

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El plan impulsado por el mandatario Rodrigo Chaves pretende dejar en manos del Consejo de Gobierno todo el proceso de subasta del banco estatal.

Serán el presidente de la República y sus ministros los encargados de tomar las decisiones. En tanto, el Banco Central únicamente ejercerá como asesor, mientras que la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda fiscalizará el proceso.

Esto ha sido foco de críticas de especialistas, analistas y diputados. La Contraloría General de la República (CGR) y la Gerencia Corporativa Jurídica del BCR plantearon posibles vicios de inconstitucionalidad en esa propuesta.

A su vez, en entrevista con La Nación, Olivier Castro, expresidente del Banco Central, expresó serios cuestionamientos sobre esa idea. Planteó que la venta de una entidad bancaria debe ser un proceso que se lleva con discreción y encabezado por la junta directiva y la gerencia del banco. Argumentó que ellos son quienes conocen las fortalezas, atributos y debilidades de la empresa.

“Hay muchas formas de hacer una acción como esta. No conozco ningún caso donde esto haya ocurrido (que el órgano político lleve adelante el proceso). Lo normal, cuando una entidad financiera se vende, es que su junta directiva y su gerencia hagan todo el proceso de due diligence (debida diligencia) y procedan de conformidad.

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Marta Acosta recordó que la Sala IV ha dicho que el Consejo de Gobierno es de naturaleza política y no está habilitado como un órgano de administración activa. Por lo tanto, expresó dudas de la constitucionalidad de la propuesta de Chaves.

“No me corresponde a mí decir si es inconstitucional, porque eso le corresponde a la Sala Constitucional, pero tenemos dudas razonables de constitucionalidad”, detalló la contralora.

Olivier Castro agregó que el futuro de la entidad bancaria debe definirse pronto para no afectar su valor comercial.

- Sin estudios para determinar la conveniencia

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En criterio de la contralora general de la República, el Gobierno no ha presentado estudios técnicos y financieros que midan el costo beneficio real de vender el BCR.

Dijo que la falta de esos insumos provoca que no haya certeza “de cuál sería el impacto de este proyecto sobre la deuda”.

Acosta urgió a los diputados a tomar decisiones con base en información certera sobre la subasta del banco y sus repercusiones, así como de insumos para analizar las alternativas a la venta de activos estatales.

“De faltar este análisis se corre el riesgo de que la solución no esté en línea con la causa de la problemática y esta se mantenga o hasta se incremente pese a las acciones”, expresó la fiscalizadora.

Ante la falta de estos análisis de mercado, el gerente general del Banco de Costa Rica, Douglas Soto, planteó a los diputados su inquietud sobre si este es el momento idóneo, de acuerdo con el panorama mundial, para vender una entidad financiera. A su criterio, no lo es.

Soto enfatizó que, en el presente, hay que asumir más riesgos para colocar crédito y es más costoso por el aumento de las tasas, porque el costo financiero aumenta y las personas demandan menos crédito. Esas variables repercuten en el precio del activo estatal.

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