Plan para que municipalidades desarrollen proyectos de vivienda supera primera etapa de ajuste

De acuerdo con el jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, parte de las mociones aprobadas al texto lo sujetarían a la Ley de Contratación Administrativa.

Por ejemplo, una propuesta del diputado José María Villalta, del Frente Amplio, dice que para los casos en que la gestión del proyecto de vivienda municipal sea desarrollado mediante asociación público privada, se deberá someter a los lineamientos de administración de recursos conforme al reglamento municipal respectivo y la Ley de Contratación Administrativa.

Sin embargo, Abarca añadió que una de las preocupaciones de su bancada trata sobre el artículo 11 de la iniciativa, el cual ha solicitado a otras fracciones revisar. Ese enunciado, según dijo, deja la posibilidad de que la administración de los proyectos de vivienda municipal se otorgue vía convenio. “Esta es una forma de escaparse de los controles de la Ley de contratación y perder fiscalización. Nuestra moción 10 corrige eso”, explicó el socialcristiano.

El párrafo que Abarca propone modificar dice que “los proyectos de vivienda municipal serán administrados y operados directamente por la municipalidad, o bien, por un tercero seleccionado mediante contratación administrativa o convenio, todo según los criterios de oportunidad y conveniencia que estimen las autoridades municipales”.

Por el resto, el proyecto de ley del diputado liberacionista Roberto Thompson, que daría más poder a las municipalidades, goza de buen ambiente entre las fracciones.

El diputado de la bancada oficialista, Víctor Morales Mora, sugirió atender la preocupación del PUSC durante el segundo día de ajuste que, según cálculos del diputado Abarca, podría desarrollarse en dos semanas aproximadamente. “Después de eso sube al plenario, seguro en febrero, después de las elecciones” para su votación en primer debate, añadió Morales.

Detalles del plan

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Bajo el nombre “Ley de Vivienda Municipal”, el expediente pretende darle potestades a los ayuntamientos para que puedan edificar casas de clase baja, media y alta en terrenos municipales.

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La iniciativa fue planteada por el diputado Thompson y cuenta con el respaldo de la ministra de Vivienda, Irene Campos. Sin embargo, alcaldes, empresarios de construcción y la Contraloría General de la República cuestionan las capacidades y la conveniencia de que las municipalidades sean habilitadas para construir y administrar proyectos de vivienda.

A las críticas se sumó recientemente el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Un informe del 12 de enero anterior dice que, aunque la presente iniciativa se aproxima al mandato del artículo 170 de la Constitución, “no está concebida dentro de ese marco transferencial, ni es parte del desarrollo normativo de la Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”.

El artículo 170 constitucional versa sobre las transferencias del Gobierno Central a las corporaciones municipales y el proyecto de ley en cuestión facultaría al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) a financiar las unidades destinadas a poblaciones de menores ingresos. Estas únicamente se otorgarán en propiedad, sin utilizar la figura del derecho de usufructo.

“Aquí (en el proyecto) de lo que se trata es de un modelo en que las municipalidades construyen motu proprio o en asociación público-privada. Y a los beneficiarios de vivienda les brindan dos posibilidades: una que asuman la figura de usufructo, el cual, además, se faculta como nueva caución en el sistema financiero; y lo otro, es que si una familia obtiene el Bono del Sistema Financiero Nacional para Vivienda, en ese caso, sí obtendría título de propiedad”, cuestiona el informe.