Laura Fernández, ministra de Planificación, atribuyó la ausencia del salario global definitivo para los cargos públicos al hackeo que afectó, el año pasado, los sistemas públicos de pago Integra 1 e Integra 2.
El pasado 10 de marzo, entró en vigencia la Ley Marco de Empleo Público, la cual ordena fijar salario global (un monto único) para cada categoría de puestos en todo el sector público. La nueva remuneración aplica para las nuevas contrataciones, mientras los actuales funcionarios transitan paulatinamente hacia el global.
Sin embargo, ante la ausencia de una metodología y una escala salarial global, Mideplán autorizó, vía reglamento, la implementación durante seis meses de una remuneración global transitoria.
Posteriormente, Planificación publicará la escala salarial definitiva para las instituciones bajo su ámbito de cobertura con los paŕametros definidos por la legislación.
Fernández dijo este jueves, al término de una mesa de diálogo que discutió cómo ajustar la ley, que el hackeo a los sistemas de pago ocurrido entre abril y octubre del 2022 ha sido la principal dificultad para aplicar la legislación.
La falta de acceso a esos sistemas, expuso, impidió hacer comparaciones de datos con planillas para establecer la nueva remuneración.
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Sostuvo que no hacerlo de esa forma podría acarrear errores en la formulación de la nueva remuneración que bien puede afectar el ingresos de los empleados públicos y hasta a la Hacienda Pública.
Fernández agregó que el hackeo implicó que, hasta el mes de noviembre, el Ministerio de Planificación (Mideplán) y la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) no tuvieron acceso a los sistemas de pago de las instituciones.
En carteras como Educación Pública, puso de ejemplo la ministra, debieron cargar los datos caídos durante los meses del hackeo, posterior al mes de noviembre.
“Hemos reconocido que requerimos de una comparación meridiana de datos con la reportería de datos de los sistemas Integra para todas y cada una de las diferentes clases de puestos.
“Bajo esa tesitura, y me permito explicarlo, son seis meses (de transición) para recuperar los seis meses del hackeo. Porque no podríamos jamás asumir el riesgo de publicar salarios definitivos sin poder hacer el contraste con los sistemas Integra”, justificó la ministra.
Fue por ese problema que el Mideplán y la DGSC debieron tomar la decisión de implementar un salario global transitorio, mientras continúan elaborando, junto con la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en lo que corresponde, el salario global definitivo, dijo la ministra.
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También, aseguró que la metodología de la remuneración transitoria se elaboró con base en lo establecido en la ley, con factores del trabajo como el riesgo y la experiencia requerida.
Sin embargo, Francisco Chang Vargas, director general del Servicio Civil, admitió el 21 de marzo que la escala transitoria de los cuerpos de policías del Poder Ejecutivo solo contemplaba el salario base de un funcionario de nuevo ingreso, pues esa fue la información suministrada por las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones.
Ese día Mideplán y la DGSC debieron anunciar aumentos en los salarios transitorios de los policías de nuevo ingreso porque los iniciales eran muy bajos, lo que provocó la queja de los ministerios de Seguridad y Justicia.
En un principio, el salario de un agente penitenciario se ubicó en ¢352.000, muy por debajo de los ¢492.000 anunciados ese día.
Para realizar el ajuste, se tomó en cuenta uno de los factores de la legislación como lo es la peligrosidad que conlleva el ejercicio de las funciones, en este caso de las policías, explicó en esa oportunidad Fernández.