Migración pide formar parte del Ministerio de Seguridad Pública

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) pidió a la Asamblea Legislativa que se le integre al Ministerio de Seguridad Pública como una dependencia del más alto nivel, y que sus labores de control migratorio sean consideradas como esenciales para la seguridad nacional.

Así consta en un oficio enviado por la DGME a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, expresando su respaldo a un proyecto de ley que pretende “fusionar” los distintos cuerpos policiales nacionales que ya existen, colocándolos bajo el mando único del Ministerio de Seguridad Pública.

No obstante, el plan de ley es rechazado por la mayoría de instituciones de gobierno.

Se trata del expediente legislativo 23.713, que fue presentado en abril del 2023 por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP). Esta iniciativa también plantea establecer una nueva Policía Especializada en Ciberseguridad.

‘Resguardo más eficiente de la seguridad’

En la nota, la Dirección de Migración recomienda su “fusión total” al Ministerio de Seguridad Pública y no solo la inclusión de la Policía Profesional de Migración, como plantea la propuesta.

Igualmente, indica que la iniciativa de ley es de “gran relevancia para reforzar la seguridad nacional a través de la debida articulación y unificación de criterios, con el fin de resguardar de forma más eficiente la soberanía nacional y la seguridad pública de la ciudadanía en general”.

La DGME es, actualmente, un órgano de desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía; es el ejecutor de la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo, con las competencias y las funciones que le señalan la Ley General de Migración y Extranjería.

“Desde análisis anteriores a iniciativas similares, hemos planteado la necesidad y conveniencia de unificar operativamente los diferentes cuerpos policiales”, agrega el oficio firmado por el jefe de la Asesoría Jurídica de la DGME, Johnny Marín Artavia.

La nota plantea una serie de recomendaciones para modificar el texto original, con el fin de integrar el trabajo de la Dirección de Migración en los objetivos y funciones del MSP.

Asimismo, incluye un párrafo en el artículo 12 de la propuesta, para que la DGME sea uno de los “órganos superiores” que integran el MSP.

Cuerpos policiales que serían fusionados

Los cuerpos policiales que se fusionarían con la propuesta de ley son la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la Policía encargada del Control de Drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía Especializada en Ciberseguridad, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Policía de Tránsito y la Policía Escolar y de la Niñez.

También, se integraría la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea y los demás cuerpos policiales, determinados por la Ley General de Policía.

La Policía Especializada en Ciberseguridad se crearía a partir del traslado al Ministerio de Seguridad Pública del Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR), cuyo responsable actual es el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Ministerios se oponen

La postura de la DGME no es compartida por algunos de los ministerios que tienen adscritos los diferentes cuerpos policiales que se pretenden fusionar. En sus respectivos criterios enviados a la Asamblea Legislativa, expresaron abiertamente su oposición a la propuesta.

El Ministerio de Seguridad Pública fustigó la propuesta al señalar que “no encuentra en qué consiste realmente la mejora institucional, estructural y funcional que tan ampulosa y vehementemente se pregona en la exposición de motivos”.

Asegura que la iniciativa “evidencia una grave confusión conceptual respecto del verbo fusionar y sus derivados”, ya que “en ningún momento se fusionan en una policía nacional, puesto que al fin de cuentas continúan siendo los mismos”.

El oficio firmado por el Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora, concluye que el proyecto de ley es inviable y sugiere su archivo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) aseguró no encontrar razón para que la Policía de Tránsito sea incorporada a la Policía Nacional de Costa Rica, “más que por el hecho de ser un cuerpo policial, sin tener una valoración de la condición especial a la que se dedica dicha Policía de Tránsito, en tanto esta está creada, en relación con el ejercicio de sus funciones, bajo la competencia de este Ministerio”.

La nota firmada por el ministro del MOPT, Luis Amador, finaliza recomendando la no aprobación del texto propuesto.

El mismo criterio expresó la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Laura Fernández, al señalar una serie de “inconsistencias” que, según la jerarca, hacen que el que proyecto no deba continuar en la corriente legislativa.

El Mideplán alegó que el expediente legislativo sí modifica la institucionalidad costarricense, pero que la pretendida unificación de los distintos cuerpos policiales “no garantiza una solución a la problemática de la inseguridad ciudadana”.

Además, cuestionó que el Ministerio de Seguridad Pública tenga las capacidades de asumir las competencias de una Policía Especializada en Ciberseguridad, ya que el proyecto no incluye más presupuesto o recurso humano para que esta cartera pueda hacer frente a las nuevas responsabilidades.

Por su parte, el Micitt expresó no estar de acuerdo con el traslado del CSIRT-CR al Ministerio de Seguridad Pública.

El oficio suscrito por el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas Picado, plantea que el CSIRT debe ser fortalecido bajo el liderazgo del Micitt, “que ha demostrado tener el conocimiento necesario en materia de ciberseguridad” y solicita eliminar del texto toda referencia al centro de seguridad informática.