Japdeva enfrenta nueva crisis financiera: Deberá pagar ¢6.000 millones a sus empleados

Tras un largo proceso judicial que se inició hace 10 años, ya quedó en firme la sentencia del Tribunal de Trabajo que ordena ese pago millonario. Hace tres semanas, la Sala IV rechazó una acción de inconstitucionalidad que tenía frenado ese proceso de cobro.

El 21 de junio los magistrados declararon sin lugar la acción planteada a título personal, en diciembre del 2021, por la entonces presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno Rodríguez, quien buscaba evitar la ejecución de esa sentencia.

Ahora, luego de completar el proceso legal en el Tribunal de Trabajo, la Sala Segunda y la Sala Constitucional, Japdeva se ve obligada a acatar el reclamo presentado por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).

Solo a setiembre del 2022, la entidad portuaria del Caribe arrastraba pérdidas por ¢7.665 millones y tenía 353 personas en planilla, cifra que al final del proceso de reestructuración debe quedar en 275, para llegar a un punto de equilibrio operativo. La crisis ocurre pese a que, en tres años, Japdeva recibió dos rescates financieros por ¢55.000 millones.

Sintrajap le exige el pago de un aporte patronal adicional para el fondo de ahorro de los empleados, correspondiente al 3% del salario de cada colaborador, que se debió pagar desde el 2002 y hasta el 2016, año en que se derogó.

El conflicto entre Japdeva y Sintrajap surgió en junio del 2002 cuando en la convención colectiva negociada por jerarcas de entonces (Administración de Abel Pacheco) y sindicato se estableció que la entidad debía subir ese aporte del 5% al 8%. Sin embargo, los desembolsos con ese nuevo porcentaje nunca se realizaron.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no aprobó ajustar las tarifas para ese fin y tampoco se contaba con el presupuesto para cumplir con ese gasto.

Ante esa negativa, Sintrajap acudió en 2013 a la vía judicial para reclamar ese pago retroactivo, que en ese entonces se estimó en ¢5.000 millones y que ahora rondaría los ¢6.000 millones, según cálculos del sindicato.

“Ya hemos ganado en todas las instancias. Lo que hizo Andrea Centeno, al recurrir por inconstitucionalidad, fue querer eliminar el derecho. Y resulta que eso es litigar de mala fe y hacer abuso del derecho (…). Yo creo que el objetivo era retrasar el proceso del cobro judicial”, dijo Antonio Wells Medina, secretario general de Sintrajap.

El tribunal de Trabajo, en primera instancia, avaló el reclamo y, posteriormente, la Sala Segunda ratificó la sentencia a finales del 2021. Aunque de previo las cuentas bancarias de Japdeva fueron embargadas por ¢5.300 millones entre el 2020 y el 2021.

La Nación procuró una reacción de la presidenta ejecutiva de Japdeva, Sucy Wing Ching, pero no respondió los mensajes enviados por WhatsApp. La oficina de prensa tampoco respondió las consultas planteadas por escrito, al cierre de esta publicación.

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Sin lugar por mayoría

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La acción de inconstitucionalidad planteada por Centeno fue el último recurso usado por la Administración para intentar frenar el pago.

“Japdeva es parte del Estado y no cumplieron en su momento y tienen que cumplir ahora. Lo que pasa es que el monto se hace así, un poco grande, porque son muchos años. Este es un Estado de derecho, ya eso estaba ahí y es un derecho de la gente y hay que cumplir. Ahora le toca hacerlo por todos los años que estuvo vigente la norma”, agregó Wells.

“Seguro que es más (de ¢5.300 millones) porque hay que traer el tema al valor presente, debe ser un poquito más” debido a los intereses acumulados, detalló el líder sindical.

Andrea Centeno había pedido, sin éxito, que se declarara inconstitucional un párrafo del artículo 125 de la convención colectivo del 2002 que elevaba ese aporte patronal, alegando que existía “una violación a los principios de razonabilidad, economía y eficiencia en el uso de fondos públicos”.

No obstante, por mayoría, los magistrados de la Sala IV votaron en contra la acción de inconstitucionalidad. Solo Paul Rueda y Anamari Garro votaron a favor, de acuerdo con el por tanto de la resolución, la cual se tramitó bajo el expediente N.° 21-025553-0007-CO.

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La crisis financiera

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Japdeva vive una crisis financiera desde hace 20 años. En octubre del año pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que la situación financiera de Japdeva encajaba en la definición de una quiebra.

Según Chaves, acumula deudas por ¢47.000 millones y su fuente de ingresos proviene de dos grúas portuarias operadas por 80 empleados. Una de ellas salió de operación en octubre por el impacto de un barco.

Sin embargo, esos aparatos, que costaron $16 millones, se compraron a sabiendas de que se usarían muy poco dado que, a poca distancia de allí, el concesionario APM Terminals se ocupa de atender los barcos con contenedores.

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El mandatario dijo que, en algunos años, Japdeva perdió hasta ¢21.000 millones y que no genera suficientes ingresos para enfrentar sus deudas.

Un mes después, la actual jerarca, Sucy Wing, aseguró ante los diputados de la provincia de Limón, que el puerto de Moín administrado por esa entidad “literalmente se está cayendo”.

Wing hizo una presentación a los legisladores sobre la situación económica y la operación de la entidad y con base en unos estudios financieros detalló que acumulaba los ¢7.665 millones en pérdidas.

En aquel entonces, ella aseguró que el dinero que tenía solo alcanzaba para pagar planillas, aguinaldos y salario escolar y que solo quedaría con un remanente mínimo que los pondría en riesgo, en caso de que ocurriera una eventualidad.

Entre el 2002 y el 2018, Japdeva manejó el 80% de las exportaciones e importaciones de bienes que realizó el país, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). Pero eso cambió en el 2019 cuando la holandesa APM Terminals asumió la movilización del 100% de la carga de contenedores.

Desde entonces, Japdeva solo atiende una pequeña cantidad de embarcaciones que descargan en su muelle público y la mayoría de sus empleados ha optado por planes de jubilación.

En el 2021, la Asamblea Legislativa aprobó un rescate de ¢6.000 millones, de los cuales, ¢4.000 millones eran para desembolsar salarios y el resto para pagar cesantías, vacaciones y aguinaldos.

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