En ese reporte, presentado por Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., se consignó que esa alza representa una “seria amenaza” para la seguridad y el bienestar de las mujeres en el territorio nacional.

Según datos recopilados por el gobierno estadounidense, de enero a octubre del 2023 se contabilizaron 15 mujeres asesinadas en el país, y de esos casos, siete fueron perpetrados por sus parejas o cónyuges.

Para el Departamento de Estado, los esfuerzos realizados por el gobierno de Rodrigo Chaves para disminuir ese tipo de violencia no son suficientes. Planteó además, que la solución a esa problemática significa un reto para el país, pues además de los homicidios registrados, muchas otras víctimas no denuncian las agresiones que viven ante las autoridades.

En los hallazgos, los observadores norteamericanos también señalaron que en el país no existe una paridad salarial entre hombres y mujeres. Indicaron que el género femenino, en promedio, gana un 10% menos que sus pares hombres que ejercen roles laborales similares.

Además de la violencia de género, EE. UU. alertó sobre restricciones que tienen las mujeres de zonas rurales y/o indígenas para acceder a la atención médica durante el parto.

“Las mujeres en áreas rurales e indígenas no siempre tienen acceso a atención médica durante el parto, y algunas presentan dificultades para acceder a la atención prenatal, debido al aislamiento geográfico y las barreras lingüísticas con los proveedores”, se consignó en el informe de 35 páginas.

En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, el reporte detalló que los expertos en derechos humanos identificaron problemas con respecto a la revictimización de personas sobrevivientes de ataques sexuales, así como en el acceso limitado a la terapia antirretroviral y los anticonceptivos de emergencia.

Discriminación a minorías

El gobierno estadounidense también incluyó en el reporte una arista dedica a los refugiados y los solicitantes de asilo político. En ese aspecto, indicó que experimentan dificultades para acceder a servicios de salud y gestión de salud reproductiva.

El informe, por ejemplo, recopiló el caso de una menor de 5 años afrodescendiente que fue víctima de discriminación por parte de una docente, durante un acto cívico, por ir peinada con trenzas.

En el documento se especificó cómo ese caso fue elevado a una investigación interna dentro del Ministerio de Educación Pública (MEP), después de que la madre de la menor presentara una queja por lo sucedido.

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Otro episodio de racismo expuesto, tiene que ver con el ataque de aficionados al futbolista Joel Campbell, durante un partido. Esas acciones fueron condenadas por la oficina local de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), funcionarios del Poder Ejecutivo y la Federación Costarricense de Fútbol.

Por otra parte, se alertó que la ONU expresó su preocupación por el aumento de mensajes xenófobos, así como mensajes dirigidos contra mujeres y poblaciones LGTBI (Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales), en Costa Rica.

Abandono de pueblos indígenas

El informe también habla sobre la violencia contra las personas indígenas. En ese particular, cita la problemática en torno a la propiedad de los territorios indígenas. Indicó que a pesar de la protección legal que tienen esas tierras, las cuales están en reservas, se observó que en algunos sectores hasta el 97% de los territorios estaban en manos de no indígenas.

El Departamento de Estado puntualizó: “Hubo informes de violencia contra personas indígenas relacionada con la propiedad de tierras en territorios indígenas. La ley protegía las tierras de reserva como propiedad colectiva e intransferible en 24 territorios indígenas; sin embargo, entre el 38% y el 97% estaba en manos de no indígenas, dependiendo del territorio”.

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En lo referente a las comunidades indígenas, se mencionó que estas carecen de acceso equitativo a servicios públicos y enfrentan racismo institucionalizado en escuelas, centros médicos y sectores laborales. Otro problema detectado es el escaso financiamiento para alimentos y suministros educativos, en comparación con los centros educativos que están fuera de esas comunidades.

En la sección sobre discriminación hacia grupos étnicos, el documento expuso que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó la liberación de un sospechoso que, en febrero del 2023, había sido condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Jehry Rivera Rivera, quien era activista de tierras indígenas del Pueblo Bröran, en el territorio indígena Térraba.

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Centros penitenciarios sin capacidad

El informe del Departamento de Estado también aborda otras áreas de preocupación en Costa Rica, como las condiciones en prisiones y centros de detención. Se destaca el hacinamiento como un problema significativo, con una población carcelaria que excede la capacidad diseñada en un 12%.

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Justicia para mejorar las condiciones, el reporte del secretario de Estado consideró que algunas prisiones siguen estando superpobladas, con condiciones físicas deficientes, que incluyen acceso inadecuado a servicios de salud y disponibilidad de drogas ilegales.