EscucharEl Gobierno acumula dos años sin pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) los costos de atención a personas sin capacidad de costear el seguro social, lo que se conoce como asegurados por cuenta del Estado.
El programa de Aseguramiento por Cuenta del Estado (ACE-CCSS) se financia con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Cubre a personas en condiciones de pobreza, pobreza extrema e indigentes.
Según Luis Alberto Ávalos Rodríguez, director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), administradora del Fodesaf, la Caja incluyó a más personas dentro del programa al otorgar a todos los solicitantes una atención provisional de tres meses mientras el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) evalúa si cumplen con el perfil requerido para ser beneficiarios.
El cambio lo hizo mediante reglamento.
“Esta posibilidad crea una inseguridad jurídica sobre los procedimientos de selección ya establecidos a cargo del IMAS y sustentados en el uso del Sinirube (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado)”, dijo Ávalos.
Agregó que el Fondo dispone de un presupuesto calculado con base en un estimado de ¢43.000 mensuales por cada beneficiario del programa.
El año pasado, la CCSS cobró ¢27.366 millones que Fodesaf no pagó, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (CGR).
Aunque no todos son cubiertos con recursos del Fondo, los beneficiarios del programa subieron gradualmente de 165.000 en el 2018 a 200.000 en el 2021. En el grupo hay entre 1.000 y 2.000 personas de la calle.
La suspensión de las transferencias data del gobierno anterior. En el 2021, el entonces director de la Desaf, Greivin Hernández González, con base en una recomendación de la Asesoría Legal, suspendió el programa por considerar incumplimiento por parte de la Caja, explicó Ávalos.
La Desaf opera como dependencia técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El presupuesto del Fodesaf para aseguramiento por cuenta del Estado, en cada uno de los años anteriores, se mantuvo en ¢36.715 millones. La Nación mantiene consultas sobre el tema ante la CCSS.
De acuerdo con Ávalos, el procedimiento de inclusión de nuevos beneficiarios aplicado por la Caja es poco claro. Puede que haya personas que estuvieron aseguradas durante los tres meses provisionales que luego no calificaron en la evaluación del IMAS.
Desaf ha planteado el problema a la Caja, pero, según afirmó, no se han hecho correcciones. Incluso, le recomendaron al Seguro Social hacer uso del Sinirube para seleccionar a los beneficiarios, pero no lo hizo, señaló Ávalos.
Agregó que en lo único que cumplió la Caja, en 2022, es en elaborar un estudio actuarial que requiere el programa.
Programa se reanuda este año
A pesar de los problemas, el programa se reanudaría este año, adelantó el director de la Desaf. Sin embargo, indicó que para el 2024 no habría fondos para cubrir los gastos.
Las transferencias a la Caja por aseguramiento de personas por el Estado las ordena la Ley N°.7374. Esta dice que el costo de atención se cubrirá con los recursos provenientes de las partidas del Fodesaf, para lo cual se utilizará como referencia el porcentaje de cotización media, calculado por la Dirección Técnica Actuarial de la CCSS.
La legislación no establece un monto o un porcentaje anual de las transferencias. Por ello, “nosotros podemos girar recursos si hay disponibles”, de acuerdo con Ávalos.
“Aunque no hay un porcentaje establecido, cuando se pueden hacer las transferencias según la disponibilidad de recursos, se debe cumplir con un procedimiento. Hay una metodología (de selección) tanto cualitativa como cuantitativa”, comentó.
El concepto de “población indigente” se ha debatido en los acercamientos que han tenido la Desaf y la CCSS en busca de resolver el problema. La Procuraduría General de la República (PGR), en respuesta a una consulta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dice que se trata de personas en “indigencia médica”.
Una persona en indigencia médica es aquella en condición de pobreza o pobreza extrema que no puede satisfacer, tampoco su familia, sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda y salud, dice por su parte el decreto ejecutivo 17898 sobre asegurados por cuenta del Estado.
Llamado de atención de la CGR
El problema lo expuso la CGR en su informe sobre la liquidación del presupuesto del Gobierno del 2022. La Contraloría recoge que, de acuerdo con Fodesaf, los recursos se giran mensualmente con base en una estimación presupuestaria comunicada nueve meses antes de iniciar el periodo presupuestario. .
“La Desaf considera que no es de recibo que se generen facturas fundamentadas en cobros por servicios prestados, utilizando las metodologías desarrolladas por la CCSS, puesto que desde la formulación del presupuesto del Fondo se establece un monto máximo a transferir. Al respecto, Fodesaf también indicó que no se ha logrado firmar un convenio entre las partes, sobre este programa”, reseña la CGR.
El ente contralor añade que la situación no se incluyó en los informes de ejecución presupuestaria del año anterior, tanto del Fodesaf ni del MTSS.
La CCSS suma el impago de la atención de los asegurados por cuenta del Estado a la deuda que le cobra al Gobierno, sobre la cual no hay acuerdo entre las partes.
Según la Caja, esta cuenta suma ¢405.338 millones del principal e intereses, de acuerdo con datos de la Contraloría.
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Luis Alberto Ávalos Rodríguez, director de la Desaf, dice que este año se reanudará el programa de aseguramiento por el Estado financiado por Fosedaf. Sin embargo, advierte de que para el próximo año no hay recursos. Foto: Josué Bravo
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