Gobierno propone rebaja de $30 para ingreso de trabajadores agrícolas extranjeros

El proyecto de ley, actualmente en la Comisión de Asuntos Sociales, tiene como objetivo bajar los aranceles a $30, mediante reformas a los artículos 33 y 253 de la Ley General de Migración y Extranjería.

Actualmente, más de 15.000 trabajadores deben cancelar un canon migratorio de $25, un aporte de $5 al Fondo Social de Migración y $30 por la emisión del documento de permanencia legal en Costa Rica.

El texto admite que la agricultura costarricense depende en buena parte de la mano de obra extranjera para llevar a cabo las tareas del sector, ante la falta de fuerza laboral nacional, especialmente en trabajos temporales relacionados con la recolección de cosechas.

En esa línea, la justificación del proyecto dice que se busca proporcionalidad en la aplicación de los aranceles, con el objetivo de mejorar la competitividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias, las cuales afrontan altos costos operativos debido, entre otras razones, al pago de aranceles migratorios para los trabajadores extranjeros.

En la práctica, en la gran mayoría de los casos, los costos de regularización son sufragados por los productores. Esto puede deberse a la urgencia de contar con trabajadores para evitar pérdidas en las cosechas o, simplemente, porque estos pagos resultan ser una carga insostenible para los trabajadores, dada su situación socioeconómica particular, dice el texto.

Agrega que se busca fomentar la regularización.

Luis Fernando Mendoza, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro del foro de Sociales, explicó que, gracias a un acuerdo mayoritario, el proyecto recibió dictamen afirmativo a finales del año pasado.

El legislador destacó que el proyecto tiene un impacto positivo, especialmente para los trabajadores extranjeros en sectores como la cosecha de café y la corta de caña.

“Consideramos que este proyecto es fundamental, ya que muchos trabajadores extranjeros carecen de los recursos necesarios para hacer frente a ese pago cuando llegan al país. En consecuencia, los empleadores asumen la responsabilidad, pero luego se descuenta de la remuneración que reciben”, aseguró Mendoza.

El diputado también señaló que la reducción de este monto podría fomentar la participación legal de más trabajadores extranjeros en la actividad productiva costarricense. Esto, a su vez, contribuiría a compensar la pérdida generada por la reducción.

“Muchos de estos trabajadores optan por la informalidad para eludir el pago de este fondo. En la comisión, existe un acuerdo mayoritario para que este proyecto continúe avanzando”, concluyó el legislador.