Fuerza Pública recibe segunda condena por detención ilegal de manifestantes

El 3 de noviembre, al resolver un recurso de habeas corpus, la Sala IV declaró que una segunda joven fue detenida de forma arbitraria ese día y declaró que el Estado debe pagar los daños y perjuicios, según consta en la sentencia número 2023-026369.

Anteriormente, el 17 de octubre, el Tribunal Constitucional había emitido una primera sentencia por detención ilegal en perjuicio de otra joven, que también fue aprehendida de forma injustificada e irrazonable porque ella nunca golpeó a oficial alguno y, más bien, había caído al suelo cuando la Fuerza Pública empezó a empujar a manifestantes y se desató un episodio de violencia.

En este segundo caso, la afectada relató que los policías detuvieron a un tercero y luego, ante la disconformidad de los manifestantes por la detención, “un grupo de policías se abalanzó sobre ellos, agrediendo y deteniendo a varios”. Sostuvo que “fue detenida sin razón alguna”.

En la sentencia se detalla que, a partir de la prueba recabada, la Sala logró demostrar que hubo una disconformidad generalizada de los manifestantes por la aprehensión de uno de ellos e, incluso, hubo obstrucción de la labor policial. Sin embargo, cuando el conflicto mermaba, pues la persona aprehendida ya había sido retirada del lugar, llegó la Fuerza Pública y empezó a empujar a varios protestantes para que retrocedieran, “lo que desencadenó la situación de violencia”.

Sobre la recurrente, la Sala constató que ella estaba dentro de un grupo de personas que incluía tanto a manifestantes como policías, pero en ningún momento se observa que pateara a una agente de policía que estuviera en el suelo.

Más bien, según se indicó, la amparada se encontraba en una acera, le tiró agua de una botella de plástico a una de los oficiales de la Fuerza Pública y de inmediato fue aprehendida. Así lo observaron los magistrados en los videos aportados.

La Sala IV informó de que hay varios recursos planteados sobre hechos ocurridos ese día.

Los hechos en la marcha contra abuso policial

La marcha del 9 de setiembre salió a las 10:30 a. m. del Parque Central de San José hacia la Asamblea Legislativa. Fue convocada por la Federación de Estudiantes de Secundaria para protestar por una supuesta violencia policial y terminó en enfrentamientos entre estudiantes y la Fuerza Pública, con un saldo de cuatro personas detenidas, tres por resistencia a la autoridad y una por vandalismo.

Ese día, manifestantes dijeron a La Nación que cuando llegaron a la Asamblea Legislativa un grupo de jóvenes subió a colocar una manta, pero varios policías se acercaron para intentar impedirlo y comenzaron a urgir que la quitaran. Ahí se originó el conflicto. Por ese hecho, el Ministerio de Seguridad Pública también abrió una investigación interna.

En esa ocasión, el director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, aseguró que los oficiales detectaron una persona que supuestamente portaba un spray y un cuchillo largo de cocina; lo detuvieron y eso generó disconformidad.

Alegó que se movilizaron 25 oficiales y que, durante todo el desarrollo de la marcha, estuvieron ahí para proteger a los manifestantes. Aseguró que del enfrentamiento resultaron siete oficiales golpeados por puñetazos y patadas.

En aquel momento, Cubillo rechazó comentar las acusaciones que hicieron los organizadores de la manifestación, respecto a que la detención del primer muchacho se hizo por provocación.

Ese día resultó golpeada la diputada del Frente Amplio (FA), Priscilla Vindas, quien participaba en la manifestación.

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