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La Sala Constitucional condenó a la Fuerza Pública por la detención ilegal de una joven durante una manifestación en contra de la violencia policial en San José, efectuada en septiembre pasado. El maximo tribunal declaró con lugar a un recurso de hábeas corpus interpuesto en favor de la mujer y declaró que el Estado debe pagar los daños y perjuicios.
“La Sala, en este caso concreto, consideró que la aprehensión de la persona tutelada fue injustificada e irrazonable”, dice la sentencia
Luego de analizar pruebas como videos de lo sucedido, los magistrados concluyeron que, el día de la detención, hubo inconformidad y hasta obstrucción a la labor policial por parte de manifestantes debido a la detención de uno de ellos. Sin embargo, “cuando el conflicto más bien mermaba”, la Fuerza Pública empezó a empujar y se desató el episodio de violencia.
En el caso de la joven detenida, los magistrados comprobaron mediante videos que ella estaba dentro de un grupo de personas en el que había tanto manifestantes como policías.
“Las autoridades del Ministerio de Seguridad justificaron la aprehensión de la persona tutelada, porque, según alegaron, se había aprovechado de una situación de superioridad numérica para patear a un oficial de policía que se encontraba en el suelo. Empero, los videos analizados por la Sala evidenciaron que la amparada también había caído al suelo y, en ningún momento, había pateado a un oficial de policía”, explicaron los magistrados.
La sentencia 2023-016417 fue firmada por todos los magistrados, con excepción de la magistrada Anamari Garro Vargas, que votó en contra del recurso.
La marcha del 9 de septiembre salió a las 10:30 a.m. del Parque Central de San José hacia la Asamblea Legislativa. Fue convocada por la Federación de Estudiantes de Secundaria en contra de supuesta violencia policial y terminó en enfrentamientos entre estudiantes y la Fuerza Pública, con un saldo de cuatro personas detenidas, tres por resistencia a la autoridad y una por vandalismo.
Ese día, manifestantes dijeron a La Nación que, cuando llegaron a la Asamblea Legislativa, un grupo de jóvenes subió a colocar una manta, pero varios policías a modo de provocación se acercaron para impedirlo y comenzaron a pedir que la quitaran. Ahí se originó el conflicto. Por ese hecho, el Ministerio de Seguridad Pública también abrió una investigación interna.
En esa ocasión, el director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, aseguró que los oficiales detectaron una persona que supuestamente portaba un spray y un cuchillo largo de cocina; lo detuvieron y eso generó disconformidad.
Alegó que se movilizaron 25 oficiales y que, durante todo el desarrollo de la marcha, estuvieron ahí para proteger a los manifestantes. Aseguró que del enfrentamiento resultaron siete oficiales golpeados por puñetazos y patadas.
En aquel momento, Cubillo rechazó comentar las acusaciones que hicieron los organizadores de la manifestación, respecto a que la detención del primer muchacho se hizo por provocación.
En esa manifestación, resultó golpeada la diputada del Frente Amplio (FA), Priscilla Vindas, quien participaba en la manifestación.
Condenan a municipalidad de Escazú
La semana pasada los magistrados de la Sala Constitucional condenaron también a la Municipalidad de Escazú por la detención ilegal del excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores, John Vega, quien fue arrestado luego de reclamarle a policías municipales por la detención de dos indigentes en un parque y los golpes propinados a uno.
Los magistrados concluyeron que el excandidato fue detenido de forma injustificada, ya que no intervino en la detención de los dos habitantes de la calle. Según la Sala IV, existió un abuso de autoridad de parte de los oficiales municipales.
La Sala Constitucional determinó que la seguridad de Vega fue seriamente amenazada, pues se le obligó a viajar en el cajón de la móvil policial esposado, sin resguardo y sin protección de ningún tipo.
