EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) sancionó al expresidente del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Harys Regidor Barboza, por haber pagado a 25 trabajadores cesantías superiores a los ocho años contemplados en la ley.
Según la resolución del caso, Harys Regidor autorizó los pagos entre el 2019 y el 2020 con base en una convención colectiva del 2014 que nunca fue homologada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTS) para que surtiera efecto.
La Contraloría sostiene que en lugar de aplicar dicha convención, el entonces jerarca debió seguir las pautas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que limitó las cesantías en el sector público a ocho años, a menos de que exista un convenio colectivo que permita hasta 12 años, excepción que no aplicaba en este caso.
El castigo administrativo implica que expresidente del Inder deberá devolver al erario ¢76 millones.
Según la Contraloría, si se hubiera aplicado el límite de ocho años para las cesantías, la entidad habría pagado ¢286 millones por estas 25 cesantías en vez de ¢362 millones.
La autorización del monto excesivo provocó que los exfuncionarios recibieran entre ¢1,2 millones y ¢9,9 millones de más.
La mayoría de beneficiados recibió 10 años de cesantía y algunos percibieron más.
La convención colectiva que no fue homologada permitía diez años de cesantía y, a partir de allí, un 25% adicional por cada año laborado adicional.
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Harys Regidor Barboza consideró, en un recurso de revocatoria, que la resolución de la CGR muestra un "evidente sesgo" a la hora de analizar y valorar la prueba. Fotografía José Cordero. (Jose Cordero)
La Contraloría también castigó a Tanya Matul Romero, excoordinadora a. i del área de recursos humanos del Inder, por haber autorizado el pago de cuatro de esas cesantías y excluyó de la sanción administrativa al titular de recursos humanos Gabriel Hernández Carvajal por su fallecimiento antes del dictamen. Sin embargo, les atribuyó responsabilidad civil a las tres.
La CGR declaró a Regidor y Matul Romero como responsables administrativos en grado de culpa grave, recomendando su despido sin responsabilidad patronal, la prohibición de ocupar cargos en Hacienda Pública durante dos años y la devolución de las sumas pagadas en exceso junto con los intereses.
La excoordinadora deberá devolver ¢13 millones, solidariamente con Regidor. Este medio envió un mensaje al buzón de Facebook de la exfuncionaria, en procura de una reacción de su parte.
Estos castigos lo dictó un órgano decisor en octubre del 2022 y el recurso de revocatoria presentado por los sancionados lo desechó la CGR en mayo de este año.
Regidor Barboza sostuvo que hay una indebida cuantificación de la responsabilidad civil, ya que por aplicación del artículo 19 del Reglamento Autónomo de Servicios del INDER, se podían pagar hasta 10 años de auxilio de cesantía.
Indicó que la retribución del exceso debe ser reducido a la mitad y que el daño patrimonial no se ha acreditado por no existir prueba de que el Inder haya llevado a cabo acciones tendientes a recuperar los dineros pagados.
Consultado por La Nación, el exjerarca agregó que el proceso aún no está finalizado, porque se encuentra judicializado ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
“Sobre el fondo, lo que puedo decir es que la tesis de la CGR carece de sustento legal al punto que recientemente hubo un fallo de la Sala Segunda que reconoce la validez de la convención colectiva, de manera tal que el pago de cesantía a los funcionarios del Inder tenía que hacerse con sustento en dicha convención colectiva”, dijo.
Estaba al tanto de cuestionamientos, dice la Contraloría
El informe señala que Regidor Barboza aprobó las cesantías con plazos excesivos, a pesar de estar al tanto de cuestionamientos sobre la eficacia de la convención colectiva de 2014.
Estos cuestionamientos fueron comunicados por la comisión negociadora de otro convenio discutido con los trabajadores en 2017-2018, que recomendó la desaplicación de la convención de 2014, y por el Ministerio de Trabajo en un criterio de 2018.
En este contexto, añadió el ente contralor, la institución estaba obligada a tomar medidas acordes con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esto implicaba ajustarse al límite de 8 años estipulado por las reformas al artículo 39 de la Ley de Salarios de la Administración Pública o, en caso de que aplicara, considerar alguna de las excepciones previstas en el Transitorio XXVII de la misma ley.
“En este sentido, en lugar de solicitar asesoría específica sobre el tema, y sobre cómo esto podía afectar la aplicación de las excepciones del mencionado Transitorio, el señor Regidor Barboza dio por un hecho que podía valerse del instrumento colectivo del 2014 para realizar pagos de auxilio de cesantía que superaran el tope de 8 años”, indicó la CGR.
La Contraloría también rechazó el planteamiento de la defensa de que el convenio colectivo de 1994 de la institución, pudiera mantener su vigencia a través de una norma transitoria en la ley que convirtió al Instituto de Desarrollo Agrario en el Inder en 2012. Se argumentó que un convenio colectivo de este tipo no es perpetuo y, por lo tanto, no podía extenderse indefinidamente en el tiempo.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó los mismos argumentos contra Matul Romero. Le reprochó el uso incorrecto de la normativa en este caso, a pesar de su responsabilidad como funcionaria encargada de una oficina que toma decisiones en materia técnica.
Descargos
En el recurso de revocatoria en el que solicitaban la nulidad absoluta de lo resuelto, Regidor Barbosa y Matul Romero acusaron a la CGR de utilizar pruebas ilegales en la investigación preliminar.
Afirmaron que el ente contralor tenía conocimiento desde 2019 de la posible responsabilidad de los investigados y que, entre 2020 y 2021, solicitó documentos que luego utilizó en su contra en el proceso.
Argumentaron que los eventos en cuestión se relacionan con procedimientos administrativos y judiciales en los que sus representados ni siquiera figuraron como partes. Además, sostuvieron que la determinación sobre la validez o invalidez de una Convención Colectiva y su vigencia es competencia exclusiva de los tribunales judiciales, no de la Contraloría General.
Cuestionaron, además, que todos los hechos presentados en la resolución de advertencia se dieron por ciertos sin considerar el análisis presentado por sus representados o la defensa presentada por el señor Regidor Barboza. Esta omisión, argumentan, debería llevar a la anulación de la resolución.
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