Diputados entierran proyecto que permitiría multar patronos sin intervención de un juez

Dicha iniciativa, presentada en 2019 por el entonces diputado frenteamplista José María Villalta, no logró obtener los 29 votos necesarios para extender por cuatro años más su vigencia en la corriente legislativa.

En consecuencia, el proyecto que ya había sido dictaminado positivamente en comisión quedó descartado.

La iniciativa también proponía considerar el impago de salarios mínimos como una nueva razón para que la Inspección Laboral pudiera cerrar negocios durante un periodo de15 días.

En una primera votación, hubo 24 votos a favor de extender la vigencia del expediente y 24 en contra. En la segunda ronda, se registraron 26 votos positivos y 22 negativos, por lo que fue rechazado.

Dos mociones de revisión votadas conjuntamente recibieron 24 votos a favor y 25 en contra.

La idea de ampliar la vigencia del proyecto fue respaldada por congresistas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Progreso Social Democrático.

En contra, estuvieron las fracciones de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP) y los liberacionistas Rodrigo Arias, Paulina Ramírez y Carolina Delgado.

Debate parlamentario

Al solicitar apoyo para ampliar la vigencia del plan, Sofía Guillén, vocera del FA, enfatizó que la votación no era para respaldar la iniciativa en sí, sino para mantener vigente el expediente y continuar su discusión.

“Como joven y mujer, insto a brindar apoyo a la Inspección Laboral, ya que las condiciones en Costa Rica son precarias. Necesitamos más inspectores, más recursos y una ley que otorgue más poder a la inspección del trabajo para castigar adecuadamente a aquellos que exploten y esclavicen a personas en nuestro país”, expresó Guillén.

Montserrat Ruiz, diputada del PLN, argumentó que, para ser coherentes con la discusión sobre el fortalecimiento de la Inspección Laboral, en el contexto del proyecto de jornadas acumulativas conocidas como 4-3, era necesario ampliar el plazo del texto.

Ruiz señaló que las condiciones de esa dependencia del Ministerio de Trabajo son precarias y subrayó las limitaciones que supone contar con 120 inspectores para cubrir a 1,5 millones de empleados formales.

“Necesitamos más recursos y vehículos en mejores condiciones. Comprometámonos a trabajar en un texto de consenso de acuerdo con estándares internacionales más altos”, añadió.

Sin brindar mayores detalles, Pilar Cisneros, vocera de los diputados de Gobierno, afirmó que al oficialismo le interesa un proyecto, pero que se opone al expediente original.

“Nos comprometemos a presentar una propuesta a mediados de diciembre para cambiar y mejorar la Inspección Laboral de acuerdo con estándares internacionales más altos y busquemos un texto de consenso que permita un avance significativo”, señaló.

Kattia Cambronero, legisladora del Partido Liberación Progresista (PLP), explicó que la exposición de motivos del expediente, que consideró represivo, no permitiría mayores ajustes.

“Necesitamos un proyecto robusto que no amenace nuestras libertades individuales y empresariales”, concluyó Cambronero.