Diputados descartan suspensión de cobros judiciales por créditos morosos

Los diputados de la mesa legislativa que discute un proyecto de moratoria bancaria, por causa de la crisis del coronavirus, descartaron por ahora incluir una orden para suspender los cobros judiciales de los créditos morosos.

Así consta en el nuevo borrador de la iniciativa, la cual todavía está sujeta a observaciones de supervisores del sistema financiero y eventuales cambios por parte de los legisladores.

El texto actual sí plantea aplazar por ocho semanas las gestiones de cobro administrativo sobre las operaciones a las que se les aplique la moratoria.

El plazo de la moratoria sería el mismo.

Los cobros judiciales de créditos morosos están a cargo de los juzgados especializados de cobro del Poder Judicial. Llegan ahí a solicitud de las entidades financieras afectadas cuando un deudor incumple.

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El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Roberto Thompson, integrante de la mesa de trabajo, explicó que, a pesar de que en días anteriores se discutió de que se incluyera aplazar los cobros judiciales, esta opción ha sido descartada.

Considera que “no tendría sentido” en virtud de que, de momento, el documento plantea posponer temporalmente las gestiones de cobro administrativo, las que anteceden al cobro judicial.

“Si estamos atendiendo una moratoria no tendría sentido establecer un paso más allá porque, de todas maneras, esa moratoria ya obliga de alguna manera a no realizar todo tipo de cobro, excepto de seguros. Hay serias dudas en cuanto a la constitucionalidad de evitar los procesos a nivel judicial, en términos judiciales”, explicó Thompson.

Por su parte, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Abarca, añadió que una orden para detener esos cobros por la vía judicial es “bien compleja”, debido a que se necesitaría reformar varios artículos del Código de Comercio.

Además, el socialcristiano explicó que el asunto podría atrasar la discusión legislativa en vista de que se requeriría plantear consultas al Poder Judicial. Consideró que la iniciativa, incluso, podría necesitar de 38 votos en el plenario para su aprobación.

El legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, uno de los proponentes de la idea, sostiene que la discusión de suspender los cobros judiciales para los afectados económicamente por el covid-19, no se ha terminado.

Ramos, quien alegó que no ha revisado el nuevo borrador, insiste en el que texto debe incluir la suspensión de cobros judiciales.

No obstante, aclaró de que este beneficio sería solo para aquellos deudores afectados económicamente por la pandemia.

“No estoy diciendo que se paren (todos ) los cobros judiciales. Lo que esto diciendo es que se suspendan los afectados producto de esta crisis. Lo que ya vienen históricamente por otras causas, esto tiene que seguir”, explicó el diputado de la bancada oficialista.

El rojiamarillo dijo que está consciente de que un texto de ley que incluya su sugerencia puede necesitar 38 votos, pero sostiene de que, en un caso de emergencia como la actual, la buena voluntad se podría anteponer.

El diputado de la bancada oficialista sostiene que, desde luego, los diputados deben de dejar claro que el proyecto solo cubre a los afectados por la actual crisis e insistió en que se tiene que definir cuál es ese periodo de afectación.

“Yo soy del criterio de que, en una calamidad, no podría dejar que sigan los cobros judiciales, porque cualquiera que quiera aprovecharse de la mala situación del deudor, podría, con mala intención, ir por los activos con una proporción muy pequeña del valor total.

"Hay que defender al deudor que en una situación de calamidad no podría pagar. Es una discusión que está cruda aún”, insistió Ramos.

Por otra parte, Thompson destacó que lo importante del proyecto es que acoge las recomendaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que, añadió, es el de acortar el plazo de la moratoria bancaria de cuatro meses a ocho semanas a fin de evitar riesgos de liquidez de los bancos.

Sin embargo, el liberacionista reconoce que aún se debe de afinar la redacción en cuanto al tiempo, debido a que algunas instituciones crediticias ya tienen una o dos semanas de estar renegociando créditos.

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“Para que se entienda que las ocho semanas deberían empezar a contar desde el tiempo en que las instituciones dieron los primeros pasos para las moratorias que ya se han dado”, añadió el liberacionista.

Expuso que el texto contiene los mismos filtros de las versiones anteriores, como lo es que la normativa aplicaría solo para los afectados económicos por el covid-19 que tengan créditos personales, de vivienda, vehículos y consumo (incluyendo tarjetas de crédito).

Otros requisito es que la eventual suspensión por las ocho semanas en las cuotas no incluya el seguro de cada préstamo y, además, que los clientes no deberían tener una mora mayor a los tres meses a partir de la aplicación de la iniciativa.

La última versión mantiene que tampoco podrían acceder las operaciones hipotecarias ni prendarias que cuenten con una póliza de desempleo, en la que una aseguradora se comprometió a pagar las cuotas del crédito por 11 meses mientras la persona se reubica en otro trabajo.

Los clientes que apliquen a la posposición de estos pagos, deberán cancelar las cuotas una vez que venza el crédito, en un periodo similar al de la moratoria.

El texto en borrador también incluye una prohibición de cobrar intereses sobre los intereses de las cuotas sujetas a la normativa.