Una mayoría de diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios concluyó que el déficit fiscal del 2020 fue mayor al reportado por el Gobierno en ¢161.000 millones.
Según los legisladores, “el déficit financiero no debió ser 8,1% del PIB (¢2,9 billones), sino de 8,5% del PIB (más de ¢3 billones)”.
Así lo indica un informe negativo de mayoría firmado por nueve legisladores que recomiendan al plenario de la Asamblea Legislativa rechazar la liquidación del Presupuesto Nacional del 2020 del Ministerio de Hacienda.
El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales del Gobierno Central, incluido el pago de intereses de la deuda pública.
Por otra parte, la Comisión de Hacendarios concluyó que el déficit primario fue de un 3,9% del PIB en vez del 3,4% reportado por el Ministerio de Hacienda. Es decir, ¢1,38 billones en vez de ¢1,2 billones.
El déficit primario es la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales del Gobierno, pero sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda pública.
El documento legislativo lo firman congresistas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Republicano Social Cristiano (PRSC) y del bloque Nueva República.
El informe se fundamenta en inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en los ingresos y los gastos reportados por Hacienda, por lo cual negó el aval a la liquidación.
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Elian Villegas, ministro de Hacienda, refutó a los legisladores.
“Somos excesivamente cuidadosos y, desde el punto de vista técnico, lo que hicimos está bien realizado. Y desde ese punto de vista, el déficit está bien contabilizado. Entiendo que a algunos no les guste, que no sean los números estratosféricos que en algún momento se dijo”, descargó el jerarca.
Laura Guido, jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), adelantó que junto con su compañera de bancada, Nielsen Pérez, elabora un informe afirmativo de minoría en el cual posicionarán “toda la información que corresponda”.
Ajustar cuentas
En el informe, que pasó al plenario del Congreso para su discusión, los diputados dan un plazo de tres meses, a partir de su aprobación, para que Hacienda y la Contraloría resuelvan los problemas de registro de información de la liquidación.
“Además, se le dispone al ministro de Hacienda hacer los ajustes necesarios respecto de las metas fiscales de mediano plazo, evaluando el impacto que esto tiene sobre las metas acordadas con el Fondo Monetario (Internacional)”, demandan los legisladores.
Inconsistencias detectadas por la CGR
En su informe sobre la liquidación del presupuesto del 2020, la CGR dijo haber detectado errores en los registros de ingresos y gastos.
Por ejemplo, por el lado del gasto, la CGR dice que no se encontraron registros de ¢144.764 millones pagados por concepto de cuotas estatales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por el lado del gasto, la Contraloría también detectó ausencia de ¢57.209 millones percibidos en el 2020 por impuestos sobre la propiedad de vehículos, que fueron incluidos en la liquidación del año 2019.
La jerarca de la Contraloría, Marta Acosta, aclaró que la inconsistencia obedece al cambio del método de registro de ese tributo.
Hacienda tampoco registró transferencias corrientes por ¢3.437 millones devueltos por las universidades públicas.
Dichos recursos eran remanentes del proyecto de mejoramiento de la educación superior, financiado con un crédito de $200 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), añade el informe de la CGR.
Basados en la información de la Contraloría, los legisladores indican que por ingresos no registrados el déficit se pudo haber reducido en 0,17 puntos porcentuales del PIB.
En tanto, por gastos no realizados o rubros de deuda con errores, el déficit debió aumentar en 0,62 puntos porcentuales del PIB.
“Lo que lleva a un saldo neto de -0,45 puntos porcentuales que debieron estar aumentados en el déficit fiscal y primario”, detallan.
Ministro: ‘Yo no puedo correr’
Villegas dijo que, en cuanto a la ausencia de registros del dinero para la CCSS, son sumas que aún no se han pagado.
“Hemos señalado que, precisamente, siguiendo indicaciones de la Contraloría, las facturas deben revisarse independientemente que provengan de la Caja o no. De hecho, esas facturas volvieron ingresara al cobro hasta hace escasamente unas tres semanas, es decir, después de seis meses volvieron ingresar al cobro”, explicó.
Para el ministro, eso significa que no se puede correr con los procesos de pago.
“Yo no puedo, como ministro de Hacienda, darme el lujo de correr y realizar un pago de más de ¢140.000 millones sencillamente porque se va a cerrar una fecha determinada”, añadió.
En cuanto a la subvaloración del déficit fiscal, consideró que, si los legisladores tomaron en cuenta el 0,45% no registrado, también debieron analizar otra información de la Contraloría.
“En la página 5 se dice que, de haberse registrados esos ingresos en el periodo que corresponde bajo el método en efectivo, el cálculo del déficit financiero del Gobierno Central habría disminuido un 0,2% del PIB”, refutó el jerarca.