Tres de las mayores bancadas legislativas coinciden en agilizar, a partir de la próxima semana, la aprobación en el plenario de los proyectos del IVA en el sector construcción, retiro anticipado del 100% de Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y el de eliminación de anualidades en el sector público correspondientes a los años 2021 y 2021.

Así lo indicaron los jefes de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón; del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez; y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña.

La idea de esas tres fracciones es darle continuidad, a partir de este martes 1° de setiembre, a la agenda de proyectos que venía avanzando en la Asamblea Legislativa desde hace meses, algunos de los cuales ya están listos para su debate final en el plenario.

Tal es el caso del texto del IVA en construcción, que requiere de ser aprobado de nuevo en dos debates, luego de haber sido vetado por la Presidencia; el del ROP y anualidades.

Estos dos últimos, entre lunes y martes quemarían el proceso de mociones de reiteración en el plenario, para que luego sean sometidos a votación de primer debate.

Chacón y Sánchez adelantaron que la próxima semana se podría estar aprobando, en los dos debates, la iniciativa del IVA.

Por su parte, Chacón calcula que el del ROP y anualidades quedarían aprobados, en definitiva, durante la primera quincena de setiembre.

El lunes termina el periodo de sesiones extraordinarios del mes de agosto en la que el Poder Ejecutivo coordina la agenda del Congreso, y el martes inicia el periodo de tres meses de sesiones ordinarias en que las bancadas definen la lista de proyectos a tramitar.

“El interés es acabar la agenda pendiente”, dijo Sánchez. No obstante, aclaró que será hasta el próximo martes, cuando las fracciones, construyan la lista definitiva de proyectos.

Impulso a otros temas

Otros proyectos que interesan impulsar a estas tres bancadas son el crédito de $156 millones del Banco Mundial (BM) para mejorar los sistemas de cobros de impuestos del Ministerio de Hacienda, la propuesta de unificar en un sistema digital las compras públicas del Estado y el proyecto de avales.

Los dos primeros ya fueron dictaminados en sus correspondientes comisiones, el primero en la de Ciencia y Tecnología y el segundo en una especial; mientras que el de avales inició su recorrido en la Asamblea Legislativa a inicios del mes de agosto.

Esto último contempla crear un fondo de garantía de $300 millones provenientes de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que facilitaría financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas a empresas y personas con actividades productivas afectadas por la pandemia.

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“Cubrirían hasta 80% del total del crédito y tienen que comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de adquirir ese aval, y hacer su mejor esfuerzo para recuperar lo antes posible los empleados perdidos por la pandemia y restituir, o incluso ampliar, el empleo en el menor plazo posible”, explicó Pilar Garrido, ministra de Planificación, hace tres semanas.

Según dijo Peña, ese plan ayudaría mucho a dinamizar la economía en momentos que el país se encuentra en transición hacia una mayor apertura del comercio.

El socialcristiano añadió que, sin detrimento de la agenda que se acuerde con las fracciones, el PUSC seguirá impulsando sus propias iniciativas como reducción de las tarifas de energía eléctrica y del impuesto único a los combustibles, así como respaldo al sector turismo.

Sánchez indicó que las prioridades del PAC seguirán siendo proyectos de reformas estructurales como la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el cierre del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y una ley de empleo público.

“Son proyectos que nos colocan en una mejor situación país frente a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, finalizó.

También, dijo el rojiamarillo, su bancada impulsará iniciativas para el desarrollo de infraestructura, con el fin de reactivar la economía.

Texto del IVA fue reconstruido

Una versión aprobada por los diputados en segundo debate, el 29 de julio, del plan para exonerar por un año del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios asociados a la construcción, como los de ingeniería, arquitectura o topografía; fue vetada por el presidente de la República, Carlos Alvarado.

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El Gobierno detectó que esa redacción eliminaría la gradualidad que se le concedió en el cobro del IVA a los proyectos que gozaron de un año de exoneración: los visados antes del 30 de setiembre del 2019.

A su vez, el plan deja un enorme vacío que perjudica tanto a esos proyectos como a los que fueron visados por el CFIA entre el 1°. de octubre del 2019 y el 30 de junio de 2020, pues el beneficio solo aplicaría para los proyectos aprobados después de esta última fecha.

La iniciativa fue devuelta a la Comisión Especial de Infraestructura, donde nueve diputados, por unanimidad, acogieron el veto y una propuesta del Gobierno.

Esta consiste en implementar las exoneraciones y el posterior pago gradual del IVA, por el periodo de venta de esos servicios, sin importar la fecha de visado de las obras de construcción ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), como lo establecía la anterior versión.

El plan aplicaría una exoneración del 100% del pago del tributo a los servicios asociados a la construcción, que se presten desde su entrada en vigencia y hasta el 31 de agosto del 2021.

Luego, pagarán un 4% de IVA los servicios que se vendan entre el 1.° de setiembre del 2021 y el 31 de agosto del 2022; y un 8% los que se presten entre el 1.° de setiembre del 2022 y el 31 de agosto del 2023.

Finalmente, se pagaría un 13% desde el 1° de setiembre del 2023.

En cuanto al ROP, los diputados de la Comisión de Hacendarios modificaron el texto, hace tres semanas. La nueva versión autorizaría el 100% de los saldos para jubilados actuales y para aquellos que se pensionen antes del 31 de diciembre próximo.

Una consiste en obtener los recursos en pagos mensuales durante 30 meses. La otra alternativa habilita el retiro de la pensión complementaria en tractos mensuales, más pequeños, combinados con cuatro depósitos del 25% de sus saldos, intercalados cada nueve meses.

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Sobre anualidades, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dejaron claro que la iniciativa aplicaría solo para los montos correspondientes a los años 2021 y 2022, no así para los acumulados en años anteriores.

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