Una análisis del proceso de otorgamiento de concesiones para extraer materiales de tajos y ríos encontró incongruencias, requisitos innecesarios y gestiones inoportunas.
Estas son conclusiones de la Contraloría General de la República tras revisar las autorizaciones otorgadas o en seguimiento durante 2013 y 2014, por parte de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), aunque extendieron los tiempos cuando fuera necesario revisar el ciclo de duración.
"El proceso utilizado para concesionar la extracción de material de ríos y tajos es costoso e ineficiente en la DGM debido a que se revisan requisitos innecesarios, se consulta en forma tardía a municipalidades, se consulta en forma inoportuna a la Dirección de Aguas y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (cuya respuesta negativa puede llevar al archivo del caso en fase avanzada), el proceso es manual, rezagado en el uso de la tecnología, todo lo cual impide simplificar el trámite y ejercer mayor control del recurso", concluye el ente contralor.
A la directora de Geología y Minas, Ileana Boschini, no la toman por sorpresa las observaciones de la Contraloría.
Según la funcionaria, están conscientes de los problemas de que tienen estos proceso, atribuidos a una normativa anterior a las leyes de simplificación de trámites y desarrollo de tecnologías digitales.
"Ya tenemos listos los términos de referencia para contratar la elaboración de un sistema informático que automatizará el control de los expedientes en trámite y las concesiones otorgadas, lo que redundará en un mejor servicio a los administrados y hará que las gestiones sean totalmente transparentes, ya que el usuario podrá consultar su trámite por Internet", anunció Boschini.
Entre los requisitos innecesarios citados por la Contraloría está el hecho de que la DGM solicitan al interesado una certificación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación donde se haga constar que el área de la concesión no es una zona protegida, además de constancias de avance de la viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Ambas, dijo la Contraloría, son informaciones que la Dirección puede obtener coordinando con las instituciones responsables.
Entre las inconsistencias están el hecho de que le hagan prevenciones al interesado pasado el plazo para presentar el requisito, además hay deficiencias en la información geógrafica que posee la Dirección para sustentar el proceso.
Aparte, señala que hay débil seguimiento de las concesiones otorgadas.
En este sentido, Boschini recalcó que tienen poco personal para ejercer "un control eficiente y eficaz sobre la actividad minera en todo el país".
Según dijo, tienen ocho geólogos en control minero y cuatro profesionales en derecho.
"Entre el 2016 y el 2017 se está pensionando un 30% del personal de la Dirección y dependemos de la Autoridad Presupuestaria para que nos autorice sustituirlos. Aunado a las limitaciones presupuestarias debido al déficit fiscal que afecta a todo el sector público", añadió.
La funcionaria informó de que si reciben el presupuesto solicitado para el próximo año contratarían profesionales en bibliotecología y archivística para mejorar el manejo de expedientes.
Para el 2018, dijo, esperan cumplir con las modificaciones recomendadas en el Reglamento al Código de Minería, que permita hacer los trámites más ágiles.
Nota del editor: Esta nota fue actualizada a las 4:31 p. m.