Constelación de errores en proyecto de fusión del sector vivienda

Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el plan, tal y como está planteado, más bien “incrementa la burocracia”, conlleva riesgos financieros y contiene una constelación de errores que empeorarían resolver el problema habitacional.

La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, en un análisis ante la comisión de diputados de Modernización y Reforma del Estado, declaró que no hay duda de que se debe fortalecer la rectoría del sector vivienda, pero, lo idóneo, es formular un nuevo proyecto, desde cero, pues enumeró al menos 15 errores de la iniciativa del Gobierno.

“Deben revisarse las inconsistencias, riesgos y omisiones del proyecto de ley. No se debe resolver un problema creando otro problema”, declaró la funcionaria sobre el proyecto para fundir el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) en el llamado Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat).

La Contraloría evaluó punto por punto el proyecto y descubrió que eliminaría, automáticamente, los bonos de vivienda, el programa de vivienda para jóvenes (Profivijo), el marco legal de las mutuales de ahorro y crédito y derogaría el sistema de ahorro y préstamo del INVU.

A esos cuatro errores agregó un quinto: deroga, sin que esa sea la intención, el impuesto a las casas de lujo (Impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda). Acosta señaló que incluso hay una contradicción en la iniciativa: aunque se elimina el tributo por acción de ley, por otro lado el texto plantea aumentar escalas para aplicarlo.

La conclusión de Acosta es que las “dudas” que genera el proyecto sobre la continuidad de los programas de vivienda vigentes “podrían generar mayor insatisfacción ciudadana”.

De acuerdo con el Poder Ejecutivo, fundir las tres instituciones no solo ahorraría ¢8.000 millones anuales al Estado al eliminar duplicidad de funciones, sino que permitiría una gestión más eficiente de los recursos para vivienda de interés social para colocarlos en las comunidades.

Eso no es así, indicó la Contraloría al presentar otros 10 cuestionamientos al plan de ley.

• “No presenta claramente las prioridades” que tendrá el llamado Mihabitat.
• “Genera incerteza sobre el correcto uso de recursos públicos” por la “imprecisión” sobre el destino que se dará a los fondos que le ingresarían al Mihabitat.
• Hay “imprecisión” de los llamados “vehículos propósito especial” (fideicomisos, por ejemplo) lo cual “podría resultar en inmanejable, en riesgos de control y altos costos a la Hacienda Pública”.
• La reforma se enfoca en la institución, no en mejora de servicios a la ciudadanía.
• Propone transferencias de Caja Única sin concretar cantidades o reglar uso eficiente.
• Aumenta en 4% los costos de administración de los fondos de ahorrantes del actual INVU.
• ”No se tiene claridad sobre metas a perseguir con la administración” de los actuales recursos del INVU.
• ”Se incrementa la burocracia”.
• Es una incógnita el traslado de funcionarios actuales al Mihabitat y el costo de liquidar a los que serían despedidos.
• El plan mantiene juntas directivas actuales del Banhvi e INVU por un año sin indicar cuál será su función o participación en toma de decisiones.

“Compartimos que existe una situación compleja a resolver en el sector, sin embargo, preocupa la visión y el abordaje encontrado en el proyecto de ley”, indicó la Contraloría.

Al 2021, los fondos para el sector vivienda llegaban a ¢281.000 millones entre las tres instituciones: ¢222.500 millones (Banhvi); ¢52.700 millones (INVU) y ¢5.700 (Mivah), pero, según el Ejecutivo, más de ¢24.000 millones son costos de operación.

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Acosta detalló que los recursos para financiar Mihabitat serían los mismos que ahora reciben para su operación el Banhvi, INVU, Mivah y el Órgano de Normalización Técnica (ONT), adscrito al Ministerio de Hacienda y que sería trasladado a la nueva cartera.

Los fondos surgen del 20% de los réditos de intermediación financiera, hasta el 15% del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP), un porcentaje del impuesto de bienes inmuebles y transferencias de la Caja Única del Estado.

Con el proyecto, según dijo Acosta, se eliminarían los destinos específicos de esos dineros y pasarían a financiar el Mihabitat. Sin embargo, el plan no indica a cuáles competencias generales se destinarán y en qué porcentaje, “ya que no se presentan claramente las prioridades que tendrá el nuevo ministerio”, señaló.

Criticó la contradicción en el planteamiento del impuesto solidario (a las casas de lujo). Por un lado, el Gobierno insiste en su necesidad de mejorar la recaudación para cuadruplicar su recaudación (en la actualidad genera ¢5.000 millones anuales), pero el sustento legal estaría siendo derogado en el texto.

La tasa de ese impuesto oscila ahora entre un 0,25% y un 0,55% sobre el valor de la casa y el terreno superior a los ¢137 millones. Conforme mayor sea el valor, mayor es el tributo.

Acosta señala que el texto impulsado por el Ejecutivo crea un incremento para algunas escalas del tributo. Dichos recursos pasarían a financiar el Mihabitat sin exponer el sustento técnico de la variación planteada ni el análisis sobre el impacto que tendrá para el contribuyente y para la estructura de recaudación.

“Además, se pierde la trazabilidad de dicho impuesto, ya que pasará a financiar competencias generales del nuevo ministerio”, criticó la contralora.

Por otra parte, la contralora señaló que el proyecto plantea transferencias de Caja Única como las que se giran en la actualidad al Mivah y al INVU, sin exponer las dimensiones de las mismas y tampoco un uso más eficiente de los recursos. En ese sentido, añadió, se repite el modelo actual que se critica en la misma justificación del proyecto.

Sobre el 15% de los recursos del patrimonio del INVU y el porcentaje de los recursos del SAP (15%), se propone aumentar al 20% de los réditos derivados de la gestión de créditos promovidos por el Mivah mediante la figura de vehículos especiales, lo que elevaría hasta en un 4% los costos de administración de los recursos de los ahorrantes.

Al incorporar el Órgano de Normalización Técnica (ONT) al nuevo ministerio, se trasladaría el 1% de lo recaudado por las municipalidades en impuesto de bienes inmueble que financia a ese órgano desconcentrado al Mihabitat.

El ONT es un asesor de las municipalidades y entre sus funciones figura garantizar mayor precisión y homogeneidad en el cálculo de los valores de los bienes inmuebles en todo el territorio nacional. El 1% que ahora recibe para su operación serviría al mismo tiempo para financiar el nuevo ministerio, indicó Acosta.

Adicionalmente, el Mihabitat gestionaría dos grandes bolsas de recursos.

Una de ellas sería el Fondo de Subsidio del Hábitat (Fonabitah) para financiar subsidios a proyectos de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y los programas habitacionales y de mejoramiento de barrios que desarrolle el nuevo ministerio.

La otra bolsa está constituida por los vehículos de propósitos especiales que manejaría los recursos del SAP y del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) para la ejecución de programas de ahorro y crédito para vivienda mediante el sistema de banca de segundo piso.

El Fonhabitat manejaría los recursos del Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi) administrado por el Banhvi, como son los recursos provenientes de Fodesaf, donaciones, convenios, ventas de proyectos y otros; mientras que los vehículos financieros administrarían los dineros del SAP y el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi).

Sin embargo, ninguna de estas bolsas de recursos cuentan con una definición de sus programas, población objetivo ni mecanismos financieros para ejecutar los fines, advirtió la contralora.

“De manera que no se tiene claridad sobre las metas a perseguir con la administración de estos recursos, la cual incrementa burocracia, aspectos altamente cuestionados en relación con los objetivos de este proyecto”, señaló.

El proyecto para fusionar el sector vivienda es una idea que viene de años atrás e incluso, el 5 de mayo, antes de asumir funciones, la ahora ministra, Jessica Martínez, declaró que tomarían como base para el plan de ley uno que viene del 2015.

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