El Consejo de Gobierno acumula siete meses sin abrirle un procedimiento disciplinario al subtesorero nacional, Mauricio Arroyo Rivera, por el caso del hueco presupuestario de ¢600.000 millones que llevó al Ministerio de Hacienda a pagar compromisos con sus acreedores, sin autorización legislativa, en el primer semestre del 2018.

Desde el 18 de diciembre del 2019, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, le comunicó al Consejo de Gobierno los resultados de una investigación preliminar elaborada en este ministerio, en la que se recomienda entablar un proceso disciplinario contra Arroyo.

Según Hacienda, en este caso, las “aparentes actuaciones” del subtesorero nacional se produjeron en ocasiones en que él sustituyó a la extesorera nacional, Marta Cubillo, quien renunció en mayo pasado al cargo, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) recomendó su despido por el hueco presupuestario.

Chaves trasladó el caso al Consejo de Gobierno porque el nombramiento del subtesorero nacional es labor de este órgano.

El exministro precisó que la recomendación surgió de una comisión investigadora que fue conformada en mayo del 2019, a raíz de la investigación legislativa sobre el hueco presupuestario, y que rindió informe el 2 de diciembre del 2019.

No obstante, el 4 de febrero de este año, el Consejo de Gobierno decidió trasladarle el expediente a la CGR, según consta en el acta de ese día.

El Consejo argumentó que, si bien este nombramiento es parte de sus potestades, la Ley de Administración Financiera prevé que la Contraloría puede realizar este tipo de procedimientos y aplicar la sanción respectiva, además de que ya le había abierto la investigación a la tesorera Marta Cubillo.

No obstante, el ente contralor explicó a La Nación que el área de Administración Financiera de la División de Fiscalización, encargada de ver este tipo de trámites “procedió a devolver de inmediato y sin trámite alguno, los expedientes que fueron remitidos” desde el 27 de febrero.

Agregó que, en la investigación de Hacienda, se señalan las acciones a seguir, por lo que si el Consejo de Gobierno considera que hay suficientes pruebas para realizar el procedimiento está en la potestad de hacerlo.

“El expediente fue devuelto porque ya la comisión investigadora había adoptado acciones concretas como la solicitud ante el órgano competente de valorar la apertura de un procedimiento administrativo para un funcionario específico, así como que si el Consejo de Gobierno estima que existe mérito para la apertura de un procedimiento administrativo, lo puede disponer sin intervención del órgano contralor”, explicó Contraloría.

En análisis

En Casa Presidencial, informaron de que el tema sigue en análisis.

“Debido a que la investigación está en una etapa preliminar, por el momento es imposible brindar la copia del expediente. En este momento, la respuesta brindada por la Contraloría General de la República está en análisis por el ministro de Hacienda, Elian Villegas, después de la salida del anterior jerarca, Rodrigo Chaves”, indicó Casa Presidencial.

No obstante, Hacienda sostiene que no cuenta con el expediente de la investigación.

“De conformidad con el artículo 186 de la Constitución Política, la potestad disciplinaria con respecto al cargo del subtesorero nacional no es competencia de esta cartera, por tal razón, ya este ministerio no cuenta con el expediente respectivo de la investigación”, señaló la Dirección Jurídica de Hacienda.

Para la indagación, Hacienda creó en mayo del 2019 una comisión investigadora, realizada con fundamento en el informe dado por la Asamblea Legislativa sobre el hueco presupuestario.

La labor del tesorero es esencial, pues figura como el responsable de pagar a nombre del Estado.

Antecedentes

El caso del hueco presupuestario se produjo cuando, por una subestimación del pago de la deuda pública, la administración del expresidente Luis Guillermo Solís gastó, en los primeros meses del 2018, todo el contenido presupuestario para el pago de la deuda interna de corto plazo, quedando sin fondos para encarar el resto de gastos de ese tipo durante el año.

La situación produjo que el gobierno de Carlos Alvarado terminara pagando deuda pública sin autorización del Congreso.

Este caso se vio en la Asamblea Legislativa, donde la Comisión permanente de Control, Ingreso y Gasto Público realizó la investigación correspondiente.

En esa Comisión, Melvin Quirós, el director de Crédito Público cuando ocurrieron los hechos, declaró que el entonces ministro de Hacienda, Helio Fallas, conocía de las carencias presupuestarias porque así lo advirtió su departamento desde febrero del 2018.

Quirós fue despedido de su puesto como director de Crédito por la misma orden de la Contraloría y también quedó inhabilitado de cargos públicos por dos años.

Además, se dictaron sanciones contra Helio Fallas, pero como actualmente no se desempeña en ninguna función pública no se le pueden aplicar.

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