Se espera que el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa finalice su construcción para el primer cuatrimestre del 2020, un hecho que a su vez levanta la interrogante de ¿qué pasará con las estructuras patrimoniales que constituyen la actual sede del Congreso?

Lo que se conoce como la Asamblea Legislativa, es en realidad un complejo de cuatro edificaciones antiguas, que cuentan con una declaratoria patrimonial, por su valor histórico y arquitectónico. Estos inmuebles son: el edificio principal, el Castillo Azul, la Casa Rosada y el costado norte del antiguo Colegio Nuestra Señora del Sión.

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Ninguno de ellos fue creado originalmente para albergar al Poder Legislativo.

Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, explicó a La Nación que algunas estructuras seguirán utilizándose para mantener ahí al personal administrativo y así dejar de pagar por el alquiler de otras edificaciones, que están desperdigadas en un radio de hasta un 1,5 kilómetros de distancia. Mientras que el futuro de otros inmuebles, aún es incierto.

Alquileres cesarían

Ayales aseguró que la Asamblea desembolsa alrededor de $2 millones al año (más de ¢1.000 millones) en el pago de alquileres.

“Este (nuevo) edificio pretende acoger la parte política de la institución; son los diputados, con sus oficinas, el plenario legislativo, con las comisiones respectivas. Van a estar ubicados los departamentos involucrados con el proceso de la formación de las Leyes; servicios técnicos, servicios parlamentarios, análisis presupuestario, protocolo, participación ciudadana y también la dirección ejecutiva.

“Más de la mitad de la administración no va a estar ahí. ¿Qué es la idea? El resto de la administración va a estar en el edificio central y en el Sión”, explicó.

La Asamblea Legislativa cuenta con 942 funcionarios, mientras que el nuevo edificio tiene una capacidad para aproximadamente 600 personas.

Futuro incierto

En cuanto a lo que se hará con el Castillo Azul, donde funciona la presidencia de la del Congreso, así como las dos secretarías del directorio, la decisión aún no ha sido tomada.

Ayales indicó que “hay una recomendación de Patrimonio Histórico, de que a ese edificio hay que bajarle la carga de uso”, pero esta versión fue rechazada por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC).

"El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural brindó en el 2011 un permiso de restauración y reforzamiento de este edificio, obras que fueron ejecutadas por parte de la Asamblea Legislativa. Después de revisar los archivos institucionales sobre este inmueble no consta formalmente una advertencia del CICPC en tal sentido.

“Según Diego Meléndez, director del CICPC, el uso actual que se le da al edificio para oficinas y salas de reuniones no atenta contra su adecuada conservación”, señala una respuesta de la oficina de prensa de esta institución enviada por correo electrónico, tras una consulta de La Nación.

Aunque aún no hay un plan concreto, existen algunas propuestas que mencionó Ayales: utilizarlo para recepciones, actividades sociales esporádicas, para visitantes de otros países y en la atención de delegaciones internacionales.

Otra idea es convertirlo en un museo legislativo con documentos históricos, algunos en poder de la Asamblea, otros en manos del Museo Nacional y Archivo Nacional, para lo cual tendría que hacerse la adecuación correspondiente.

Pero nada de eso se está trabajando en la actualidad, “estamos concentrados en el otro edificio”, aclaró Ayales. Lo mismo ocurre con el futuro uso que se le daría a la Casa Rosa.

“La Casa Rosada, es una joya. Hay que darle un mantenimiento importante, reforzarla estructuralmente; la Asamblea tendrá que valorar qué va a hacer con ella. Es una casa muy linda que vale la pena que el país pueda tener acceso a ella y disfrutarla”, expresó el funcionario.

Esto implicaría buscar nuevas fuentes de financiamiento, ya que los ¢86 mil millones que se invierten en el nuevo edificio, monto que incluye obra gris, equipamiento y el amueblamiento, no contempla rubro alguno para restauración de los bienes patrimoniales.

El inmueble nuevo se financia con un fideicomiso sustentado, por partes iguales, entre el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular. El BCR funge como administrador.

¿Por qué un nuevo edificio?

Este no es el primer proyecto que se impulsa para construir una nueva sede para el Congreso. En sus 25 años de trabajar en el poder legislativo, Ayales estima que le ha tocado echar a andar cerca de ocho iniciativas.

Para el funcionario es un tema prioritario, debido al deterioro de las estructuras actuales y el hacinamiento, factores que han contribuido a que el Ministerio de Salud emita contra el Congreso, órdenes de cierre sanitario.

En particular, el caso de los edificios patrimoniales, representan a la Asamblea una inversión entre los ¢200 millones y ¢280 millones en pintura, pisos, cubiertas, goteras y filtraciones, entre otros, para mantenerlos funcionando, pero sin solucionar los problemas de fondo.

“El Ministerio de Salud no cerró la Asamblea porque la Procuraduría (General de la República) dijo que no tenía competencia por la separación de poderes, pero la orden se emitió”, señaló.

La estructura más comprometida sería el edificio Sión, el que Ayales dice que está “en condición lamentable”.

“Es lo que llaman un edificio enfermo”, expresó, debido a la presencia de polilla, cucarachas, ratas y todo tipo de plagas.