EscucharEl paso por el cerro Cambronero, en la Interamericana norte, no recibe atención desde hace más de 18 meses debido a que en esa zona —al igual que en la mayor parte del país—, no se encuentra activo ningún contrato de conservación para verificar temas como estabilización de taludes, manejo de aguas o hundimientos.
Aunque el sitio donde se produjo el accidente fatal que dejó como saldo nueve fallecidos no había sido identificado como un punto crítico, tampoco es posible verificar cuál era la condición de ese talud, pues no se habían hecho inspecciones detalladas en los últimos meses.
El abandono de esa ruta, obedece a que, en febrero del 2021, vencieron los contratos de conservación que en su mayoría estaban a cargo de las empresas Meco y H Solís. Durante los meses siguientes, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) buscó el aval de la Contraloría General de la República para extender dichas licitaciones; sin embargo, en medio de ese proceso estalló el Caso Cochinilla, donde esas compañías constructoras se vieron involucradas en el supuesto ofrecimiento de dádivas a funcionarios a cambio de tapar defectos en obras o ganar concursos para proyectos viales.
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El Conavi insiste en que el punto del fatal accidente, que ocasionó la muerte de nueve personas, no había presentado problemas de estabilidad antes.
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Desde entonces, las versiones en el Conavi sobre los presuntos pasos a seguir para reanudar la atención han cambiado, sin que se concreten definitivamente.
Lo único que se ejecutó, durante los últimos meses, fueron licitaciones de montos mínimos de ¢150 millones, solo para labores de chapeo y bacheo, mientras que según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se avanza en la elaboración de carteles a largo plazo y se espera de un presupuesto extraordinario, porque tampoco hay recursos para la atención que las vías requieren.
El ministro de esa cartera, Luis Amador, aseguró semanas atrás ante los diputados de la Comisión de Infraestructura que actualmente manejan varios mecanismos. El primero es el de los minicontratos con tope de ¢150 millones.
La segunda herramienta se enfoca, principalmente, en la atención de emergencias, pues permite la contratación por imprevisibilidad.
“El próximo que vamos a intentar es extrema urgencia, que es daño inminente a personas, y el que deberíamos tener a cinco años, que es conservación, rehabilitación y reconstrucción”, puntualizó el jerarca.
Sostuvo además, que para ese último sistema promocionará las licitaciones internacionalmente, tal como lo hizo con la revisión técnica. También, se valora la segmentación de zonas más pequeñas para que puedan ser atendidas por empresas de menor tamaño.
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Advertencias
A finales del año pasado, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) advirtió de que si no se reanudaba pronto el mantenimiento de las vías, la recuperación de la red le costaría al Estado unos ¢235.000 millones.
Los expertos de ese laboratorio también auguraron que la llegada de la época lluviosa, en la condición de abandono en la que se encuentran las carreteras, llevaría un gran porcentaje de rutas al riesgo de colapso, además de una alta peligrosidad para los conductores por situaciones como falta de visibilidad, escasa o nula demarcación, huecos y saturación de sistemas de manejo de aguas.
Ese mismo ente, advirtió en marzo del 2021, que específicamente en el paso por Cambronero hay al menos tres puntos que representan “alto riesgo” para los usuarios.
Uno de los puntos se ubica cerca de donde ocurrió la tragedia del domingo en el sitio conocido como Río Jesús. Sobre ese lugar los expertos recomendaron dar prioridad a la atención del desplazamiento de tierra, “con el fin eliminar el peligro que representa la circulación de vehículos en la zona cercana al borde del deslizamiento”.
Ese mismo documento también destacaba la necesidad de realizar estudios para identificar otros sectores de esta ruta que estuvieran presentando condiciones similares de inestabilidad, afectando la seguridad de los usuarios.
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Fuera de atención
El director del Consejo Nacional de Vialidad, Mauricio Batalla, insistió este domingo en que el punto donde se presentó el accidente no había tenido registro de afectaciones anteriormente.
Por esa misma razón no fue incluido en la reciente licitación que se adjudicó al consorcio Also D’ Geo por un monto de ¢668 millones, para la atención integral de los puntos más vulnerables.
Batalla aseguró que esa licitación tenía “dos años dando vueltas por ahí”, por lo que ahora se le pidió a la empresa reducir el tiempo de la fase de diseños a fin de lograr la orden de inicio de las obras en noviembre.
El proyecto incluye todos los estudios de geometría, detalles de pantallas de anclaje, obras complementarias para el manejo de las aguas superficiales, además de los drenajes subterráneos, micropilotes de hasta seis metros de longitud, relleno de restitución de la zona socavada, tuberías, así como estabilización de taludes y seguridad vial, entre otros.
El director del Conavi insistió en la necesidad de contar con mayor tecnología para tener sistemas de alerta temprano.
“Por ahí el presidente (Rodrigo Chaves) nos estaba diciendo que puede generarse algún crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica para poder atender puentes y este tipo de deslizamientos, ojalá que así sea para llegar a primer mundo, poder poner cámaras, sensores y poder evitar, porque estos deslizamientos no es de ahora, tenemos todos los años carreteras vulnerables que se cierran, desgraciadamente esta vez sucedió y se perdieron vidas humanas”, afirmó Batalla.
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