En momentos en que todos los procesos de contratación para obras viales están frenados, dos licitaciones para trabajos de mantenimiento de carreteras nacionales aparecían activas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Este lunes, sin embargo, la Contraloría General de la República ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) eliminar los dos procedimientos, según los cuales, se recibían ofertas hasta el 31 de agosto.
Abiertos en mayo anterior, ambos concursos se vinculan a conservación de la infraestructura de la Red Vial Nacional Pavimentada y rutas con capas de protección superficial; así como servicios por demanda para las labores de verificación de la calidad en proyectos.
Rodolfo Méndez Mata, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, explicó que por un descuido esos concursos seguían activos, aunque debían eliminarse luego de los operativos policiales del llamado Caso Cochinilla, registrados el 14 de junio.
Ese día, la Policía Judicial y la Fiscalía realizaron 57 allanamientos y 30 capturas relacionadas con supuestos hechos de corrupción en proyectos de infraestructura vial en los que estarían involucrados dueños y personal de empresas constructoras, así como personal del Conavi. La pesquisa alcanzó incluso a la propia Contraloría, cuyo gerente de Contratación Administrativa, fue separado del cargo mientras avanzan las investigaciones.
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Producto del escándalo, el ministro ordenó detener los procesos de contratación para mantenimiento vial, con el fin de buscar un nuevo modelo, pues los contratos, hasta entonces, habían estado en manos de H Solís y MECO, constructoras que son el foco de la investigación.
Por esta razón, para Méndez Mata, la solicitud de la Contraloría es “bastante obvia”, pues desde hacía semanas se había paralalizado los procesos de nuevas contrataciones.
“Ante todas las denuncias se determinó de que no habrían nuevos contratos y que tampoco se haría un cartel similar o parecido a los anteriores y que iríamos a un modelo por calidad de servicio. Es más, que tampoco se les iba a conceder nuevos contratos de conservación vial ni H Solís, ni a MECO y esto se resolvió hace un mes”, indicó.
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El jerarca atribuyó a un descuido el hecho de que no se eliminaran esos concursos y lo atribuyó a todos los cambios internos y reajustes dentro del Conavi por la investigación.
“Claramente lo lo que corresponde hacer a la luz de todos esto es quitarlos del Sicop y seguir con la elaboración de nuevos carteles que, de todos modos, ya veníamos alistando”, agregó.
Nuevos modelos
La orden dictada este lunes por la Contraloría es para los procesos licitatorios N.° 2020LN-000004-0006000001 y N.° 2021LN-000001-0006000001, según el oficio DFOE-CIU-0151 (11334)-2021 que forma parte de una auditoría sobre las contrataciones del Conavi.
Según ese estudio, el Consejo carece de mecanismos que garanticen los resultados estipulados en sus contratos.
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En este caso, la Contraloría aduce que, para que el modelo de contrataciones del Conavi sea viable, primero es necesaria “la creación de una cultura institucional de gestión enfocada en resultados, transparencia y rendición de cuentas”.
Para el órgano contralor, hay carencia de información base para encaminar los carteles por falta de una planificación según resultados.
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Además, resaltó debilidades en los estudios de razonabilidad de precios que limitan el establecimiento de costos estimados en los trabajos de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la red vial.
Así las cosas, proseguir con ambas licitaciones no tendría sentido, según la Contraloría, porque precisamente hay que hacer una revisión del modelo de gestión y control de la conservación vial para asegurar principios de economía, eficiencia y transparencia.