La Contraloría General de la República (CGR) señaló, una vez más, múltiples carencias en el proyecto que impulsa el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, para financiar la construcción del Gran Parque de Diversiones del Caribe, con recursos destinados al desarrollo de Limón.

A mediados de febrero, Cruickshank presentó un texto sustitutivo que elimina la figura de una asociación como posible administradora del parque temático y delega esa responsabilidad a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva),

La nueva versión añade una autorización para que el Gobierno, a nombre del Estado, otorgue “los avales necesarios” a instituciones financieras nacionales e internacionales, a favor de Japdeva, para la construcción del centro recreativo.

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Frente a esos y otros cambios, el órgano contralor sumó nuevas críticas contra la iniciativa, la cual carece de cualquier tipo de estudio de mercado que garantice la rentabilidad del proyecto, así como sobre los supuestos beneficios socioeconómicos para el Caribe.

“El aval estatal presupone un análisis sobre la capacidad fiscal del Estado, por cuanto podría eventualmente convertirse en un pasivo para el Estado y, con ello, generar una mayor presión fiscal, en un contexto en el que las finanzas públicas muestran poco margen de disposición económica, especialmente si no se cuenta con todos los análisis que evidencien la viabilidad técnica, social y económica del proyecto propuesto.

“Asimismo, la propuesta de ley es omisa ante eventuales situaciones en las que se presenten resultados financieros deficitarios en la operación del proyecto, lo cual trae consigo una serie de interrogantes, pues no se contempla quién asumirá dichas pérdidas”, advierte la Contraloría en un criterio enviado a los diputados.

Cambios tras críticas

El presidente del Congreso presentó un texto sustitutivo, luego de recibir críticas por la presencia de familiares suyos en cámaras empresariales que, según su plan original, aportarían miembros a la asociación que administraría el parque y los dineros dirigidos a su construcción.

La supuesta relación de familiares de Cruickshank con el proyecto, surgió porque un hijo, una nuera, un sobrino y otro allegado del diputado del Partido Restauración Nacional (PRN), forman parte de las juntas directivas de dos cámaras empresariales limonenses.

“Ni con este, ni con ningún otro proyecto de ley he pretendido nunca favorecerme personalmente, ni favorecer a ninguno de mis familiares”, declaró el congresista al presentar el nuevo texto.

Dichas organizaciones, junto a otras cámaras, sindicatos y grupos limonenses, enviaron una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, pidiéndole sumar su apoyo a dicha propuesta.

La misiva también llegó a manos de los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, donde se discute el futuro del proyecto.

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Disputa por fondos

Ante la falta de estudios previos sobre la inversión que se necesitaría para construir el parque acuático, Cruickshank propone en su proyecto destinar a ese fin un 20% de los fondos que genera la operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) para el desarrollo de Limón.

La iniciativa no justifica el porcentaje de dineros establecido, pero de aprobarse en el Congreso, representaría en este momento cerca de $7,2 millones.

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La Contraloría recordó la inconveniencia de tomar recursos del canon vía proyecto de ley, sin seguir el mecanismo implementado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) para valorar el financiamiento o no de proyectos propuestos por municipalidades, organizaciones o comunidades limonenses.

Japdeva, como administrador de los fondos generados por el canon que paga la empresa AP Terminals por la operación de la TCM, es la encargada de analizar cualquier tipo de proyecto postulante.

“Es importante que cualquiera que sea el proyecto en análisis, cuyo financiamiento se derive del canon de explotación, sea incorporado a la cartera de proyectos para análisis de Japdeva.

“De manera que su elección se derive de un análisis técnico, financiero, económico, ambiental y comparativo con otros proyectos, según el modelo de gestión establecido. El proyecto de ley, tal y como se indicó anteriormente, es omiso en ello, dado que no se aportan datos, análisis ni estudios que determinen su viabilidad técnica, social y ambiental”, señala el criterio

Asimismo, como parte de los recursos con los que se propone financiar la obra, el proyecto contempla tomar los fondos destinados a la fiscalización de la TCM.

Sin embargo, esos recursos, también en manos de Japdeva, no van dirigidos al desarrollo socioeconómico de la provincia, sino a la supervisión del cumplimiento operativo de la empresa concesionaria del megapuerto.

“Persiste en el texto sustitutivo la norma relacionada con la utilización del canon de fiscalización, sobre lo cual se indica que este tiene una finalidad específica, en razón de que está destinado a sufragar gastos derivados de las funciones de control, fiscalización, supervisión e inspección de la ejecución de dicho contrato, así como para la atención de requerimientos en materia de resolución alternativa de disputas y otros asuntos de similar naturaleza relacionados directamente con el contrato de concesión”, aseveró el órgano contralor.