Caso Diamante pone en riesgo obras por $84 millones para mejorar calles cantonales

El crédito por $144 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) venía siendo invertido en la mejora de más de 270 km de caminos y puentes en municipalidades de todo el país, pero ahora el proyecto está siendo sometido a una auditoría externa encargada por el organismo multilateral y no habrá más concursos hasta que se complete esa investigación.

Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, quien dijo que la intención es hacer una revisión de todos los procesos de contratación. Los resultados de esa auditoría que se inició luego del escándalo del Caso Cochinilla, deberían estar listos en enero.

Sin embargo, el nuevo caso donde se investiga el actuar de alcaldes, funcionarios municipales y empresarios de la construcción, podrían alargar el procedimiento y complicar la nueva asignación de recursos.

El programa BID-Cantonal II, se encuentra actualmente en las etapas de recepción y finalización de trabajos de los primeros 66 proyectos, que se ejecutaron en los últimos dos años.

De acuerdo con el informe semestral de Hacienda, hay $60 millones del total de recursos del crédito que ya fueron desembolsados o que se encuentran comprometidos con contratos firmados.

De los 66 proyectos incluidos en la primera etapa, 59 quedaron en manos de MECO y los siete restantes fueron para H Solís.

Según la última información revelada por el MOPT, a la primera fase del programa le quedaban únicamente por refrendar un contrato que también fue asignado a MECO, por $5 millones, y varios convenios de control de calidad y supervisión asignados a Cacisa, así como una licitación para el mantenimiento rutinario de caminos que ganó el consorcio Gasol-Mapache por $883.620. Los restantes paquetes de proyectos debían ser asignados y licitados a lo largo del próximo año.

El jerarca del MOPT defendió la oficina de ese ministerio que tiene a su cargo la ejecución del programa y dijo que no tiene conocimiento de que los proyectos del BID hayan sido salpicados del reciente caso de corrupción.

Además, insistió en que es esa unidad ejecutora la que se encarga de las contrataciones y que las municipalidades solo intervienen cuando hay parte de las obras financiadas por los mismos gobiernos locales.

“Sí ha habido lo que se llama una adenda al contrato, que es si la municipalidad quiere financiar algo adicional, ese tipo de facultades lo permite el convenio, los procedimientos y la legislación, pero eso está suspendido, no se está aplicando más, lo que se está ejecutando es únicamente lo que el MOPT licitó”, afirmó.

Méndez Mata dijo que la investigación actual no debería ocasionar atrasos en los desembolsos para los contratos consolidados y su ejecución.

“Lo que falta por consolidar no se va a consolidar hasta que termine la auditoría y no habrá más concursos hasta que se termine la auditoría”, enfatizó.

El viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa, añadió que aunque hay distinto grado de avance en los proyectos, todo está siendo sujeto de revisión e insistió en que las acciones dependerán de los hallazgos de ese proceso.

La Nación consultó al BID sobre las eventuales consecuencias que enfrentaría el programa en caso de encontrar hechos irregulares en dicha auditoría pero no se tuvo respuesta al cierre de esta publicación.

La Operación Diamante, que trascendió el lunes 15 de noviembre, revela la presunta existencia de una organización criminal que ha permitido a la empresa MECO obtener, mediante el supuesto pago de dádivas, varios contratos para obras cantonales así como otros favores en temas de licitaciones, el pago adelantado de facturas, el inicio anticipado de obras públicas y otras actividades que serían constitutivas de delito, según el director del OIJ, Walter Espinoza.

Por estos hechos fueron detenidos los alcaldes Johnny Araya Monge, de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa. Ellos permanecerán suspendidos de sus cargos durante los próximos seis meses.

Aunque son investigaciones separadas, los hechos revelados en esta intervención se vinculan al Caso Cochinilla, que salió a la luz a mediados de junio, tras revelarse la supuesta existencia de una red de corrupción a lo interno del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y las principales constructoras del país (MECO y H Solís), las cuales habrían ofrecido y pagado todo tipo de dádivas a los funcionarios públicos a cambio de beneficios como información sobre carteles, pago adelantado de facturas y favorecimiento en contrataciones.

Por este caso, únicamente permanecen en prisión preventiva los dueños de ambas empresas: Mélida Solís Vargas (H Solís) y Carlos Cerdas Araya (MECO).