Miembro de Junta de Liceo de Costa Rica denuncia ‘chantaje’ de Gobierno para conseguir terreno del colegio

Soto explicó que desde años atrás alquilan ese inmueble al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por ¢16 millones mensuales, aproximadamente. Esos fondos son utilizados para financiar la operación del Liceo de Costa Rica, pues el MEP apenas transfiere poco más de ¢1 millón por mes, monto insuficiente para cancelar servicios públicos, conserjes, cocineras y otros.

Según el miembro de la Junta, el Ministerio de Educación Pública (MEP) les propuso firmar un convenio para renunciar al terreno y a cambio ese Ministerio continuaría pagando los servicios que, en la actualidad, son cubiertos por el alquiler desembolsado por el MOPT.

Si no firman, declaró Soto, el MOPT dejará de alquilarles la propiedad y, además, el MEP no pagará por los servicios públicos, conserjes, cocineras y otros.

“Es un chantaje, es un chantaje. Nos torcieron el brazo, sencillamente eso es como decir: acepta o cierra. Es así de sencillo”, comentó Soto, quien se egresó del Liceo de Costa Rica en 1979.

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Soto agregó que el lunes anterior la Junta Administrativa aprobó firmar el convenio, pero la firma aún no se ha concretado.

“Si no firmamos, el MEP nos sigue transfiriendo ¢1,2 millones y con eso no cubrimos ni el agua”, afirmó.

Jéssica Martínez, ministra de Vivienda y coordinadora del proyecto Ciudad Gobierno, confirmó que se integró una comisión con representantes del MEP, el MOPT y Vivienda para atender los temas relacionados con los lotes necesarios para la construcción.

La jerarca detalló las conversaciones con la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica que se han realizado a través del MEP, razón por la cual ella no podría suministrar una copia del convenio propuesto a las autoridades del centro educativo.

“Ya hay un acuerdo de la Junta Administrativa para la firma (...) Es un acuerdo que indica que las obligaciones que el MEP tiene se van mantener y, de por sí, ya están consideradas por ley”, comentó Martínez.

Al consultarle si la Dirección Jurídica del Ministerio de Vivienda o alguna otra entidad ha emitido un criterio jurídico sobre cuál debe ser el mecanismo para la transferencia del terreno para Ciudad Gobierno y a qué entidad debe transferirse dio varias respuestas, no logró precisarlo.

“Ese es un tema bastante legal, yo no soy abogada y me preocupa caer en una imprecisión sobre la terminología. Hay un equipo legal de los Ministerios que han estado trabajando el convenio y trabajando las sesiones con la Junta”, declaró.

Al insistir en la consulta sobre si existen criterios legales escritos sobre cuál es el mecanismo de transferencia y la institución a la que debe traspasarse el lote dijo que “hay una posición legal que ha venido siendo respaldada en el proceso” y que está plasmada en el convenio.

No obstante, según comentó Martínez, el convenio no se puede hacer público hasta que Anna Katharina Müller Castro, ministra de Educación, lo autorice.

La Nación solicitó una entrevista a Leonardo Sánchez, viceministro de Planificación del MEP, pero indicó que estaba en una reunión.

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Ciudad Gobierno es una idea que han planteado varias administraciones con el objetivo de levantar un complejo de edificios en el que se concentren las oficinas del Estado y así facilitar la gestión de trámites y ahorrar dinero en alquileres.

Pronunciamiento

Copiado!

Este miércoles, antes del mediodía, el MEP envió un comunicado de prensa en el que negó la existencia de las presiones denunciadas por Soto.

“En relación con supuestas presiones a la Junta, el MEP las rechaza categóricamente, toda vez que el acuerdo de proceder con el traspaso se adoptó a lo interno de la Junta sin presencia de autoridades ministeriales”, expresó la entidad a través de la oficina de prensa.

El MEP enfatizó que, según el artículo 144 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, todos los bienes inmuebles adquiridos por las Juntas o recibidos a través de donaciones deben inscribirse a nombre del Ministerio.