MEP tiene un mes para asegurar transporte a estudiantes de liceo en Pérez Zeledón

A la institución acuden alumnos de las zonas de El Llano, El Brujo de Río Nuevo y San Marcos de Barú, desde las cuales solo se podría llegar al colegio en un vehículo todoterreno. A falta de transporte, dijeron, llevaban más de un mes de lecciones perdidas, situación que les estaría coartando el derecho a la educación.

“La topografía de esta zona es muy difícil, está compuesta por muchas cuestas y la calzada del camino no está en muy buenas condiciones, lo que hace imposible el acceso diario de un bus o buseta, o que exista transporte público en la comunidad, razón por la cual han buscado ayuda para facilitar un transporte para sus hijos”, reza el recurso.

De acuerdo con la sentencia emitida el 26 de mayo pasado, desde diciembre del año 2022, los padres de familia han estado buscando algún empresario que asuma el transporte de los estudiantes, pero, hasta el momento nadie ha mostrado interés por lo quebrado del camino y el precio.

La comunidad estudiantil argumenta que “el colegio referido ha hecho todo lo posible, pero dicen quedar atados de manos por el hecho que el reglamento de transporte de estudiantes no permite el depósito de dinero a los padres para que estos busquen por sus propios medios financiar el transporte de sus hijos a la institución”.

A raíz de la situación, los magistrados declararon parcialmente con lugar el recurso de amparo y dieron al MEP un mes para que a los estudiantes del Liceo Rural Río Nuevo, se les garantice el servicio de transporte, pues ellos habían sido subsidiados para el presente curso lectivo mediante el Programa de Transporte Estudiantil, para la ruta 5128-2. Además condenaron al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios.

El caso se analizó bajo el expediente 23-007516-0007-CO.

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Transporte estudiantil

La sentencia se da a conocer justo cuando el MEP es blanco de críticas por la decisión de trasladar recursos de su presupuesto de transporte estudiantil al Ministerio de Seguridad Pública para el combate a la criminalidad. Con ese fin, según dio a conocer el Gobierno, rebajarían ¢1.900 millones que iban dirigidos a atender a 6.562 estudiantes bajo la modalidad de subsidio de transporte.

Las autoridades de la cartera han insistido en que los menores no se verán afectados porque, afirmaron, son recursos sin utilizar.

De acuerdo con datos del MEP, durante el 2023 se han aceptado 1.103 estudiantes al Programa de Transporte Estudiantil y se han rechazado 183.

Según explicó a La Nación Johan Mena, director de Programas de Equidad, la razón para negar el servicio en esos casos es porque “están en condición no pobre, por investigar o sin registro en Sinirube”, que es la plataforma del Estado para registrar a la población en pobreza que recibe o requiere ayudas.

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