Decanos y decanas de todas las facultades de la Universidad Nacional (UNA) pidieron la salida del rector Alberto Salom “por pérdida de credibilidad”.

Se trata de los integrantes del Consejo Académico de la Universidad (Consaca), uno de los órganos más importantes de esta casa de enseñanza superior, que este jueves tomó el acuerdo de solicitar a Salom que deje su puesto.

En el acta, Consaca acordó “solicitar al señor Alberto Salom Echeverría que, en favor de la estabilidad del quehacer académico institucional, renuncie al cargo de rector de la UNA, dada la pérdida de liderazgo, la credibilidad y legitimidad requeridas para conducir una institución de educación pública superior que afronta desafíos que requieren la construcción de acuerdos con todos los estamentos de la comunidad universitaria”.

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El Consejo Académico es el órgano superior responsable de promover, coordinar, articular, integrar y orientar el quehacer académico de la Universidad. El quehacer, el funcionamiento y las sesiones del Consejo Académico son actividades de interés institucional de la Universidad.

Su presidenta es la rectora adjunta, Ana María Hernández, sin embargo, Hernández no participó de la sesión de ayer y no votó. Quien presidió la sesión extraordinaria de este jueves fue la decana Sandra Ovares.

La vicerrectora de Vida Estudiantil, Susana Ruiz, también forma parte del Consaca pero no estuvo presente en la sesión.

La Asamblea de Representantes de la UNA también solicitó la renuncia del rector. Este es otro de los órganos claves en el centro educativo, pues está integrado por los directores de unidades académicas, una representación administrativa y una estudiantil. Ellos tomaron el acuerdo el jueves.

Una de las razones que esbozó la Asamblea de Representantes para solicitar la renuncia del jerarca es que “se difundió información en medios oficiales, por parte de los órganos de gestión superior universitarias, acerca del peligro que corrían los salarios, las becas, el trabajo de docencia, investigación y extensión” al tener que usar ¢35.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el desarrollo de infraestructura y equipamiento (gastos de capital) y no a gasto corriente (pago de salarios, servicios, becas).

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Dicha información fue una de las motivaciones de la marcha multitudinaria del 22 de octubre que realizaron estudiantes de las cinco universidades públicas.

No obtante, luego, Salom dijo a este medio que nunca estuvieron en peligro las becas de la UNA y que la solución, de hacer una reclasificación de partidas que estaban mal asignadas para destinar los ¢35.000 millones a infraestructura (gasto de capital), se trabajaba desde setiembre junto con Casa Presidencial.

A pesar de esto, los rectores mantuvieron su convocatoria a la marcha.

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Otras razones

El Consejo Académico explicó que también piden la separación de Salom por las “repercusiones e incertidumbre derivadas” del proceso de negociación del FEES 2020, sostenido en el marco de la Comisión de Enlace y la responsabilidad de los rectores de las Universidades Públicas en la revisión detallada de los acuerdos firmados, especialmente lo concerniente a la cláusula V del acuerdo.

En esa clausula se indicó que se iban a destinar ¢70.000 millones para infraestructura y equipamiento, pero no se indicó textualmente en el acuerdo, de dónde iban a tomar los recursos.

Como era el acuerdo del FEES, el Ministerio de Hacienda interpretó que se trataba de fondos frescos del Fondo del 2020, pero los rectores alegaron, después, que era de la totalidad de los recursos de las universidades, no del FEES.

El Consejo considera que el convenio suscrito por los rectores y los representantes del Poder Ejecutivo el 22 de octubre de 2019, luego de la gran marcha, “no subsana el riesgo ocasionado por la decisión unilateral del Ministerio de Hacienda de redireccionar parte del presupuesto de operación a capital, ni brinda la seguridad jurídica necesaria al no ser rubricado por las instancias con poder de decisión en materia presupuestaria”.

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“Las declaraciones del señor rector en diferentes medios de comunicación masiva van en detrimento de la imagen y prestigio institucional, irrespetando inclusive los principios estatutarios que rigen el quehacer de la Universidad Nacional”, dijo el Consejo.

Los miembros de ese órgano dejaron ver su preocupación “por la ausencia de una comunicación clara, transparente, oportuna y asertiva del rector hacia la comunidad universitaria, que imposibilita la clara toma de decisiones y debilita los procesos de discusión y reflexión”.

Además, consideraron el cierre y suspensión de actividades en los Campus Omar Dengo y Benjamín Núñez, dictado por la rectoría, que “presumió” un posible actuar violento del movimiento “Asamblea autónoma 17 de octubre” e inhibió “la posibilidad de la realización de espacios de reflexión, discusión y rendición de cuentas de las acciones y decisiones tomadas”.

Conflicto por FEES

Por su parte, la Asamblea de Representantes dijo que no se encontraba “satisfecha” con el primer acuerdo del FEES, de junio de 2019, pues se firmó con el compromiso de que ¢70.000 millones se dedicaran a gastos de capital, sin la claridad suficiente sobre de dónde se tomarían los recursos.

También consideraron que la reclasificación de partidas acordada con el Ejecutivo, para destinar ¢35.000 millones del FEES a gastos de capital, está pendiente de aprobación por parte de la Contraloría General de la República, lo cual deja “en estado de incertidumbre a esta Asamblea y la Comunidad Universitaria en relación con el presupuesto universitario 2020”.

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“El acuerdo firmado por los rectores en la Comisión de Enlace comprometió el buen funcionamiento de las universidades, llevándolas a crisis e incertidumbre. Los mecanismos de comunicación utilizados por la Rectoría no han sido los suficientes para atender esta situación de crisis”, indicó la Asamblea.

También han solicitado la renuncia de Salom la Federación de Estudientes de la Universidad Nacional (FEUNA), el Sindicato de la Universidad, el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar; así como la Asamblea del Centro de Estudios Generales, la Asamblea de Unidad de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida y la Asamblea de Unidad de Escuela de Geografía.

Los diputados de diferentes fracciones también solicitaron la renuncia del rector.