Docentes ganaron ¢66.000 millones en tres años por reclamos de pluses

En solo tres años, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha tenido que pagar ¢66.000 millones a los docentes que ganaron reclamos administrativos y judiciales interpuestos por el no pago, principalmente, de puntos de carrera profesional, por cursos recibidos en años anteriores que no le fueron compensados económicamente en su salario.

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Esa cifra corresponde a menos de la mitad de los reclamos que el MEP ha logrado resolver del 2018 a la fecha.

Según informó el MEP, en 2018 se pagaron a los educadores ¢21.705 millones; en 2019, ¢22.307 millones y para 2021, ¢22.293 a los funcionarios que hicieron el reclamo

Los docentes, en esas gestiones, ya sea administrativas o judiciales, reclaman deudas al Ministerio de años anteriores por recargos de funciones, anualidad, zonaje, aumento de jornada, vacaciones, etc. Sin embargo, la mayor parte de los reclamos corresponde al pago de puntos de carrera profesional, que es un adicional que se les da a los educadores por títulos obtenidos. Por cada 40 horas de capacitación, se le otorga un punto de carrera profesional. Cada punto equivale al pago de ¢2.273.

En el 2018 se tenían contabilizados un promedio de 83. 000 funcionarios con reclamos pendientes de revisar (unas 107.000 gestiones). Entre el 2018 y el 2021 se lograron atender los reclamos de 34.404 educadores por los que se pagó la cifra anteriormente mencionada, o sea, cada uno de esos funcionarios recibió ¢1,9 millones por los reclamos administrativos y judiciales que fueron resueltos a su favor.

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Tal monto se desembolsó luego de verificar la deuda y hacer los ajustes que corresponden al pago del aguinaldo y las cuotas obrero-patronales. También, contempla el pago de honorarios de abogados, intereses legales y costas, en el caso de los procesos judiciales.

“Son reclamos presentados y atendidos desde el año 2003, los cuales corresponden a periodos fiscales vencidos y por tanto requieren un estudio exhaustivo para determinar si efectivamente procede o no alguna diferencia salarial”, declaró Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación.

Según el MEP, quedan por resolverse los reclamos 48.596 funcionarios. Sus solicitudes están pendientes de un estudio para determinar si procede pagar o no algunas diferencias salariales dejadas de percibir en otros periodos fiscales.

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Reclamos judiciales

Copiado!

Cada vez que el docente presenta una demanda de pago, el MEP tiene dos meses y medio para responder el reclamo administrativo. Si esa gestión administrativa no se resuelve en 110 días, el docente acude, por medio de su abogado, al Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar el pago por medio de un amparo de legalidad.

Según el MEP, del 2015 a diciembre del 2021 recibieron 35.890 reclamos en la vía judicial; se resolvieron 30.032 y faltan por resolverse 5.858.

Es la Procuraduría General de la República (PGR) la que se hace cargo de estos casos, ya que es la que representa al MEP en su condición de abogado del Estado.

Durante el actual Gobierno se tuvo que realizar un plan de contingencia para atender la cantidad de reclamos administrativos pendientes, con personal de otros departamentos.

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Se reforzó el área de Recursos Humanos –que tenía 35 funcionarios– con 15 personas más y se sumaron otros 30 colaboradores para la revisión de expedientes. También se desarrollaron herramientas tecnológicas que agilizan el proceso para atender los reclamos en la vía administrativa y que no lleguen a la vía judicial.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), que entró a regir en diciembre del 2018, tuvo la intención de frenar que los puntos de carrera profesional se reconocieran por cualquier tipo de curso que llevara el educador, como ocurría antes.

Esta ley determina que si es la Administración quien paga el curso, no se reconoce para puntos de carrera profesional. Además, solo se reconocerán títulos de materia atinente al puesto, y no los que sean requisito.

También estableció que, los nuevos puntos de carrera profesional solo serán reconocidos salarialmente por un plazo máximo de cinco años.

Sin embargo, tal como lo dio a conocer La Nación el 2 de febrero, la posibilidad de cobrar puntos de carrera profesional por cursos pagados por los docentes hizo de esto un negocio ilegal con la venta de títulos a docentes para inflar sus salarios.

El MEP detectó, y denunció ante el Ministerio Público, supuestas anomalías en la emisión de títulos a docentes, de cursos que no se dieron, por parte empresas privadas, para ser utilizados como respaldo al reconocimiento de puntos de carrera profesional. Fue un funcionario el que destapó la artimaña de docentes y de empresas para obtener beneficios económicos. La Fiscalía investiga a cuatro personas por este hecho.

Con la ley 9635, además, cayó el interés de los docentes por asistir a los cursos gratuitos que ofrece el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) Uladislao Gámez Solano, adscrito al MEP, para mejorar su formación y brindar una educación de calidad debido a que ya no cuentan para aumentar el salario por medio de los puntos de carrera profesional.

La situación escaló hasta máximo órgano en la materia, el Consejo Superior de Educación (CSE) en 2019.

“Hemos estado experimentando este año una gran baja en el interés de los docentes de asistir a nuestras convocatorias porque ya no valen para puntos de carrera, lo tienen claro”, dijo la ex viceministra del MEP, Melania Brenes, según consta en el acta de la sesión del CSE N°. 58-2019, del 10 de octubre del 2019.

El MEP tiene cerca de 86.000 funcionarios. Según datos de la institución, en 2016, la asistencia a los cursos de capacitación llegó a los 57.792 funcionarios; en 2019, después de aprobada la reforma fiscal, esa asistencia cayó a 24.117 funcionarios (datos al 30 de setiembre del 2019).